Los empresarios de Cochabamba advirtieron ayer que el incremento de la tarifa del gas de hasta el 48 por ciento para el sector industrial provocará un aumento del 2 al 10 por ciento en el costo final de productos del sector de alimentos e insumos para la construcción, mientras que el Gobierno trata de justificar la medida con una escala tarifaria dividida en cuatro segmentos.
FUENTE: LOS TIEMPOS

En un pronunciamiento, la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) calificó la medida como “irracional” y alertó sobre una contracción en la generación de empleos. La CEPB señaló que esa “decisión inconsulta se suma a una serie de medidas irracionales en los ámbitos laborales, impositivos y de sobrefiscalización, que se están imponiendo desde diversas instancias del Gobierno y que ponen en riesgo la viabilidad económica de las pocas industrias que aun contribuyen al desarrollo del país”.

El presidente de la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, rechazó la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR-N° 0331/2017, que autoriza el incremento de la tarifa del gas de 1,70 dólares a 2,51 por millón de pies cúbicos al mes (MPCS) a partir del 15 de agosto. Cuestionó la decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y calificó la medida como “negativa” en un contexto de desaceleración económica. Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, declaró la emergencia para el sector y pidió el estudio técnico que respalde la aplicación del incremento del gas. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, Amilcar Rocha, consideró que los empresarios deberán incrementar los productos en al menos dos rubros para afrontar la nueva tarifa de gas. Según Rocha, los alimentos podrían incrementarse entre un 2 a un 5 por ciento, mientras que los materiales de construcción afrontarían el aumento más significativo en torno al 10 por ciento.

Con el incremento, las industrias en el país pagarán 20 millones de bolivianos más cada mes en relación a lo que venían pagando, según del secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herlan Soliz. Cuatro segmentos A través de un comunicado de prensa, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, justificó la medida indicando que la reducción a la “subvención” del gas responde a una política de redistribución de los recursos para que las familias de zonas rurales accedan al gas a un precio menor. La nota de prensa divide a 1.092 empresas de la categoría industrial en cuatro segmentos. El segmento A alcanza a 220 empresas que tienen un consumo de hasta 20 mil pies cúbicos al mes (MPC/mes), con un precio de 1,86 dólares por MPC, lo que representa un incremento máximo del 9 por ciento.

El segmento B afecta a 831 empresas que tienen un consumo de hasta 10.000 MPC/mes, donde el precio será de 2,10 dólares por MPC, con un aumento máximo del 23 por ciento. Asimismo, el segmento C alcanza a 32 empresas que consumen hasta 30.000 MPC/mes, con un precio de 2,38 dólares por MPC, con un aumento del 40 por ciento. Finalmente, el segmento D afecta a nueve empresas que consumen más de 30.000 MPC/mes, ellos tendrán un precio de 2,51 dólares por MPC, por lo que este segmento tendrá un incremento máximo de 48 por ciento.

SOBRE LA ENERGÍA El ministro de Energía, Rafael Alarcón, informó ayer que el precio del gas natural para la generación de energía eléctrica no sufrió modificaciones y se mantiene en 1,30 dólares el millón de BTU. Se refirió al tema consultado sobre el efecto del incremento de hasta el 48 por ciento a la tarifa del gas natural para la industria, dispuesto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), vigente desde el 15 de agosto. “En el tema del gas natural para la generación de energía eléctrica, el precio está fijado por decreto supremo y el precio está en $us 1,30 el millón de BTU, y no ha tenido ningún incremento”, explicó de forma escueta durante una conferencia de prensa en la que insistió en que la decisión del ente regulador “no afecta en nada” en este caso.

SUMAN TRES GOLPES AL SECTOR El presidente de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, sostuvo que el Gobierno asfixia al sector privado con varias medidas emitidas durante el último mes. Los empresarios citaron que el Gobierno trabaja en la modificación al Código Penal en el que incluye sanciones penales para las empresas, también permitió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) cancele matrículas comerciales y emita multas económicas de hasta 11 millones de bolivianos y, finalmente, el “tarifazo” del gas. “Nosotros estamos totalmente sorprendidos porque va en contra del discurso del Gobierno, del sector público, de promover la industria y el aparato productivo. Con esas normativas, lo único que se hace es asfixiarlas, atentar contra el sector legalmente establecido”, sostuvo Fernández. El sector alista acciones legales para impugnar la norma.

REPERCUSIONES Javier Bellot, presidente de la FEPC Esto tiene un efecto multiplicador Esto tiene un efecto multiplicador altamente negativo para el sector industrial, el empresariado cochabambino ve con mucha preocupación el hecho de que mientras vemos que ha habido una caída en las exportaciones, vemos una desaceleración económica. Hemos estado buscando formas de cómo contribuir a dinamizar la economía; vemos en contrasentido múltiples decisiones que se vienen realizando por parte del Gobierno nacional.

Antonio Fernández, presidente de la Cámara de la Industria Debía realizarse con informes técnicos Hemos visto que este tarifazo, así como lo estamos denominando, va a afectar al sector industrial manufacturero en el costo final, en los precios. Estamos terminando el año y la ANH, faltando cuatro meses para acabar el año, viene con este incremento. Esta planificación debía darse primero de forma consensuada, gradualmente con informes técnicos que vayan a respaldar esto. Bolivia tiene nueve departamentos pero esta norma excluye a Tarija.

Amilcar Rocha, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios La situación es frustrante Es frustrante desde el punto de vista administrativo que nosotros tratemos de hacer una alianza y que cada semana nos encontremos con una nueva norma con la cual tenemos que lidiar. No entendemos por qué el Gobierno insiste en que el pueblo sea el que tenga que pagar. No entendemos por qué un departamento deba pagar y el otro no. No entendemos una razón técnica.