El contralor general del Estado, Henry Ara, señaló ayer que, luego de un informe realizado, encontró responsabilidad penal en 19 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes habrían participado en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la adquisición de taladros para la estatal petrolera.
FUENTE: LOS TIEMPOS

“En este caso viene a ser gente que ha participado en el proceso de contratación, así como gente que habría participado en la elaboración de los términos de referencia, de precios y tal vez alguna autoridad ejecutiva”, afirmó el Contralor. Ara anunció que el lunes siguiente presentará ante el Ministerio Público una querella contra los 19 empleados para que sean investigados por la autoridad competente. “Hay una denuncia que justamente está sacado en limpio y que va ser presentado ante el Ministerio Público el lunes.

Están yendo al Ministerio Público porque hay responsabilidad penal, hay indicios de responsabilidad penal, para que el Fiscal pueda hacer uso de nuestro informe y proseguir con la denuncia”, agregó el Contralor. ¿Achá en la lista? Sin mencionar nombres, Ara afirmó que estas personas habrían cometido el delito de incumplimiento de deberes y evitó referirse a que si entre los 19 implicados estaría el expresidente de YPFB, Guillermo Achá. “Justamente estamos generando la denuncia contra 19 funcionarios, porque hemos encontrado que sus actos deben ser investigados en la vía penal, habría incumplimiento de deberes. Hemos estado en cuestionamiento respecto al tema de conducta antieconómica, pero por lo que los abogados establecen, creemos que no habría un daño económico porque no hubo un pago”, precisó el Contralor. Por este caso guardan detención preventiva siete exfuncionarios de la estatal por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Entre estos funcionarios se encuentra el exdirector interino de Operaciones de Perforación Bigmarck Serrano Parada; el exgerente de Perforación Corporativa David Pérez Alba; los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina. Además, el pasado 21 de junio, el juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá, medida que también fue solicitada por los abogados del Ministerio de Justicia y Transparencia. En abril de este año, el Gobierno denunció ante la Fiscalía General a 16 personas por irregularidades en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por la suma de 148 millones de dólares.

“En este caso viene a ser gente que ha participado en el proceso de contratación, así como gente que habría participado en la elaboración de los términos de referencia, de precios y tal vez alguna autoridad ejecutiva”, afirmó el Contralor. Ara anunció que el lunes siguiente presentará ante el Ministerio Público una querella contra los 19 empleados para que sean investigados por la autoridad competente. “Hay una denuncia que justamente está sacado en limpio y que va ser presentado ante el Ministerio Público el lunes.

Están yendo al Ministerio Público porque hay responsabilidad penal, hay indicios de responsabilidad penal, para que el Fiscal pueda hacer uso de nuestro informe y proseguir con la denuncia”, agregó el Contralor. ¿Achá en la lista? Sin mencionar nombres, Ara afirmó que estas personas habrían cometido el delito de incumplimiento de deberes y evitó referirse a que si entre los 19 implicados estaría el expresidente de YPFB, Guillermo Achá. “Justamente estamos generando la denuncia contra 19 funcionarios, porque hemos encontrado que sus actos deben ser investigados en la vía penal, habría incumplimiento de deberes. Hemos estado en cuestionamiento respecto al tema de conducta antieconómica, pero por lo que los abogados establecen, creemos que no habría un daño económico porque no hubo un pago”, precisó el Contralor.

Por este caso guardan detención preventiva siete exfuncionarios de la estatal por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Entre estos funcionarios se encuentra el exdirector interino de Operaciones de Perforación Bigmarck Serrano Parada; el exgerente de Perforación Corporativa David Pérez Alba; los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina. Además, el pasado 21 de junio, el juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá, medida que también fue solicitada por los abogados del Ministerio de Justicia y Transparencia. En abril de este año, el Gobierno denunció ante la Fiscalía General a 16 personas por irregularidades en la contratación de la firma italiana Drillmec para la provisión de tres taladros a YPFB por la suma de 148 millones de dólares.