FUENTE: EL DEBER
La comisión de fiscales que investiga posibles irregularidades en el proceso de licitación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la compra de tres taladros a Drillmec, imputó ayer a cinco personas. Hoy un juez cautelar definirá su situación jurídica.
“Con los indicios que tenemos en la declaración de testigos, investigados, la documentación del proceso de licitación y el informe de la Unidad de Transparencia de YPFB, se advierte una serie de irregularidades. La Fiscalía va a solicitar la detención preventiva para los cinco ciudadanos por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, dijo el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Luego de presentarse voluntariamente en la fiscalía de Santa Cruz, los funcionarios suspendidos de la estatal petrolera, el vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck Serrano; el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez, y los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos y Gizel Siles fueron trasladados a la Sede de Gobierno.
Entretanto, el quinto aprehendido, esta vez en La Paz, es Julio Kjari Nina, imputado por “existir indicios en su contra en este proceso”, declaró Blanco. Mario Villafán, abogado de Siles, Serrano y Pérez confía en que la justicia les concederá la libertad plena, mientras dure el proceso de investigación. El fiscal departamental informó que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, presentó un memorial adhiriéndose como denunciante y presto a colaborar con la investigación.
La comisión de fiscales que investiga posibles irregularidades en el proceso de licitación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la compra de tres taladros a Drillmec, imputó ayer a cinco personas. Hoy un juez cautelar definirá su situación jurídica.
“Con los indicios que tenemos en la declaración de testigos, investigados, la documentación del proceso de licitación y el informe de la Unidad de Transparencia de YPFB, se advierte una serie de irregularidades. La Fiscalía va a solicitar la detención preventiva para los cinco ciudadanos por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”, dijo el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. Luego de presentarse voluntariamente en la fiscalía de Santa Cruz, los funcionarios suspendidos de la estatal petrolera, el vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck Serrano; el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez, y los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos y Gizel Siles fueron trasladados a la Sede de Gobierno.
Entretanto, el quinto aprehendido, esta vez en La Paz, es Julio Kjari Nina, imputado por “existir indicios en su contra en este proceso”, declaró Blanco. Mario Villafán, abogado de Siles, Serrano y Pérez confía en que la justicia les concederá la libertad plena, mientras dure el proceso de investigación. El fiscal departamental informó que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, presentó un memorial adhiriéndose como denunciante y presto a colaborar con la investigación.