PAGINA SIETE

Lidia Mamani / La Paz

 

La  Confederación  de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró en emergencia por la aprobación del proyecto de ley de creación de empresas sociales, debido a que es un medio para confiscar la propiedad privada e inviabiliza la apertura de compañías.

 

El presidente de la CEPB, Ronald  Nostas, dijo que es inaceptable e irracional que la norma establezca como causa para arrebatar la propiedad  el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social  durante tres meses continuos y menos la disminución de las actividades productivas, como dispone el artículo 7.

 

"Es un despropósito tan grande que muestra el desconocimiento absoluto y eventualmente la mala fe del redactor de la norma, ya que presupone que los retrasos en los pagos implican el abandono de la empresa, cuando este problema pueden deberse a múltiples factores con los que lidiamos diariamente”, precisó.

 

Página Siete informó ayer que a través del proyecto de ley 218/17 de creación de empresas sociales, el  Gobierno  propone que los  obreros se hagan cargo de empresas que están en quiebra y las conviertan en una compañía  social, con el objetivo de  reactivar la producción y absorber la mano de obra.

 

La propuesta fue aprobada el lunes por la noche en la Cámara de Diputados y ahora está en espera de su revisión en el Senado.

 

Sobre la suspensión o disminución paulatina de las actividades productivas  para que el empresario pierda los bienes y el patrimonio de su compañía,  Nostas explicó   que esta situación  puede darse  por situaciones que escapan del control de la firma.

 

"Se pretende tergiversar de manera perversa el espíritu y propósito del artículo 54 de la Constitución Política, que en ningún momento pretende colocar al empresario en una situación de tal indefensión y riesgo de su propiedad, como lo hace el proyecto”, cuestionó.

 

Según  el análisis de la CEPB, el proyecto tiene  varios defectos,   como la permanencia de las deudas más allá de la pérdida de la empresa o la discrecionalidad de los procesos.  "Esta normativa posibilita la sanción a aquel empresario que, por razones no imputables a su voluntad, ha fracasado en su emprendimiento, condenándolo además a no permitirle realizar ningún otro, por los efectos derivados de los pasivos que posiblemente permanezcan impagos”, criticó.

 

La CEPB exige a  la Cámara de Senadores que "actúe con sensatez” y evite la aprobación de  la norma, mientras no se le otorgue al sector  el derecho de exponer sus argumentos jurídicos y técnicos, a fin de evitar que se atente  contra los derechos de quienes impulsan una empresa, crean fuentes de trabajo y generan desarrollo en el país.

 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, opinó  que este tipo de propuestas perjudican el normal desenvolvimiento de las empresas, debido a  que puede inducir a los trabajadores a generar conflictos.

 

"Por hacerse de la propiedad de una fábrica, los trabajadores pueden inducir a la quiebra de la empresa, esto debería reglamentarse muy bien”, remarcó.

 

En su criterio,  si el Gobierno  quiere que los obreros se vuelvan empresarios,  debe crear políticas para generar emprendedores o incubadoras de empresas.

 

 "Este tipo de medidas perjudica al aparato productivo, es darle una ilusión vana al obrero. Hay que formarlos, hacer un plan de negocios y no darle una responsabilidad que no podrá asumir.

 

Un empresario no se forma de la noche a la mañana”, observó Salinas.

 

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Horacio Villegas, alertó  que este tipo de propuestas  pone cada vez más en dificultad al empresariado.

 

"Se prohibe cerrar la empresa y se genera un incentivo perverso a una empresa que está en problemas. Hay varios temas que no están claros, como la empresa que está en cierre o liquidación. Los empresarios serán los afectados por esta ley”,  lamentó.

 

Para hacerse cargo, obreros solicitarán crédito

 

 

 

 La Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia anticipó ayer que con el objetivo de administrar empresas que están en quiebra o abandonadas, solicitarán  un préstamo al Gobierno o buscarán otras fuentes.

 

Además, aseguran que se sienten capaces de administrar compañías que tengan problemas, como lo están haciendo en la actualidad.

 

"Vamos a pedir un crédito al Gobierno o bien buscar alternativas para financiar el arranque de la empresa”, precisó  el secretario ejecutivo del sector, Vicente Pacosillo.

 

El dirigente remarcó que los trabajadores tienen la  capacidad  de operar las empresas que están en quiebra o abandonadas. "Es el caso de empresa Polar, el empresario está  endeudado, se escapó y  los trabajadores no saben qué hacer. Lo mismo pasó con la empresa Punto Blanco, Cerámica Victoria, no han podido pagar los beneficios sociales y se fueron”, sostuvo.

 

  Explicó  que la propuesta de crear empresas sociales nació como iniciativa de los   fabriles, quienes se cansaron de ver cómo sus empleadores no pueden asumir sus responsabilidades cuando están en una mala situación.

 

 En diciembre de 2015, este medio informó que los trabajadores de la empresa de frazadas Polar tomaron las instalaciones de esta fábrica en la ciudad de El Alto debido a la falta de pago de salarios atrasados.

 

La  disposición

Proceso En el proyecto de ley en su  artículo 7, numeral II establece que: "Se entenderá por abandono injustificado de una empresa privada, el incumplimiento por parte del Empleador en: el pago de obligaciones pecuniarias propias del funcionamiento de la empresa por un lapso superior a tres meses continuos; el pago de salarios; pago de aportes a la seguridad social de corto y largo plazo; y la suspensión o disminución paulatina de las actividades.

Aclaración   No procederá la disposición anterior en el caso de que las  empresas que por su actividad y naturaleza  suspendan el trabajo en ciertas temporadas del año.

 Cierre Se dará cuando el empleador proceda al retiro repentino y masivo de trabajadores, huida del país del dueño.