Fuente: El Mercurio

   

Dichos inmuebles habían sido adjudicados mediante concesiones de febrero de 2014, con el Gobierno de Piñera, en una licitación de 6 proyectos de los cuales solo uno, de la Minera Doña Inés de Collahuasi, mantendrá la concesión.

 

Engie Energía Chile (ex E-CL) presentó su solicitud para desistir de la concesión que tenía en la comuna de Tocopilla y Mejillones, Región de Antofagasta, por 256,83 hectáreas.

 

En tanto, Enel Generación Chile (antes Endesa Chile) desistió de dos concesiones: un inmueble de 383,20 hectáreas ubicado en la Región de Antofagasta y otro de 807 hectáreas situado en Atacama.

 

Las otras dos compañías que acordaron su salida de las concesiones son Lihuen y PPP Limitada, ambas en Atacama.

 

"Entendemos que hoy día existen otras alternativas mucho más amigables con el medio ambiente que también desde el punto de vista económico, son más rentables para las empresas y el país. Por tanto, hemos decidido acoger la propuesta de las empresas", afirmó a periodistas la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma.

 

"En los próximos días, se concretará la respuesta, y a partir de esto se dicta un decreto que pone término de mutuo acuerdo a las concesiones y procederemos a la entrega material de los inmuebles, con un plan de desalojo que en este caso es fácil, porque no habían avanzado en nada los proyectos. En muy poquito tiempo más podremos contarles si lo vamos a licitar para otro tipo de proyectos", añadió.

 

Por su parte, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, señaló que esto muestra el cambio de tendencia hacia las ERNC del sector.

 

"Esto viene a ratificar la tendencia de lo que ha venido sucediendo en el sector y lo que además, nosotros como Gobierno, hemos ido incorporando en los cambios regulatorios (...) Es básicamente, la irrupción de las nuevas energías renovables, particularmente las no convencionales", expresó.

 

La titular de Bienes Nacionales descartó una eventual sanción a dichas empresas por finalizar los contratos de concesión.

 

"Los contratos firmados establecen como causal de término el mutuo acuerdo (...) las empresas han estado pagando desde el mismo momento que se firmó el contrato, rentas concesionales anuales. Por tanto, el Estado no ha perdido plata. Lo que hace ahora el Estado es recuperarlo. Cuando hay mutuo acuerdo por ley, no se aplica sanción a las empresas, sería contradictorio", apuntó.

 

Los terrenos quedarán libres para otras actividades productivas que el Gobierno aún está evaluando. Según adelantó Palma, podrían dedicarse a proyectos de desarrollo económico dirigidos por Corfo o al turismo.

 

"Estamos llevando a cabo un diálogo muy importante con economía y la Corfo para disponer propiedad fiscal para proyectos de desarrollo económico en distintos campos", manifestó.

 

"En materia de turismo, tenemos un programa conjunto con el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Turismo, porqué no también pensar que estos inmuebles se incorporan a una oferta mayor para que el mundo privado pueda hacer otro tipo de proyectos", agregó.