FUENTE: LOS TIEMPOS
Los implicados son acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. El caso tiene base en un informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos en el que halló indicios de incumplimiento de deberes de parte de funcionarios y la actuación poco transparente de terceras personas que fue remitido a YPFB, pero esta institución entregó un informe incompleto al Ministerio Público por lo que no prosperó la denuncia. Posteriormente, nuevamente Transparencia derivó el informe al Ministerio de Justicia para que éste haga la denuncia ante la Fiscalía. El senador del Movimiento Demócrata Social, Óscar Ortiz, criticó la decisión del Gobierno de dejar fuera de la denuncia al Presidente de YPFB. Aunque entre los denunciados no figura el presidente de YPFB, Guillermo Achá, el Ministro de Justicia le pidió que no interfiera en la investigación y sólo acuda a las convocatorias que le pueda realizar el Ministerio Público.
Asimismo, sugirió a YPFB que se analice las formas para disolver el contrato con Drillmec a pesar de las advertencias que hizo la firma italiana de no concretarse la adjudicación. Arce detalló que los funcionarios de YPFB investigados en ese caso son Mayra Geraldine Vásquez Oros, María Aguilera Elena Camacho, Mario Alejandro Dalence Vidal y Roxana Nina Urquizu, del área de contrataciones; David Pérez Alba, José Marcos Rejas Gómez, Bismark Serrano Parada, Miguel Ángel Bandeira Suárez, Martín Ebert Panoso Pérez y David Francisco Valverde Rojas, del área solicitante; Julio Cari Nina, Mauricio Bustos Martín y Gisell Siles Roca, del área jurídica. Además de Paola Andrea Oporto Ríos, de la gerencia de contrataciones; y Jorge Patricio Sosa Suárez, de la vicepresidencia de administración, contratación y fiscalización. Por su parte, Ortiz indicó que con esta decisión se hace patente un “modus operandi” del Gobierno en los casos de corrupción que lo afectan al “culpar a los de abajo y proteger a los de arriba”.
“El directorio de YPFB, cuando autorizó el inicio del proceso de compra de los taladros, le encargó específicamente a Achá, como presidente, que sea el responsable de llevar adelante este proceso y velar por el cumplimiento de la normativa”, dijo. Según Arce, el análisis que se realizó está referido a los procesos, tanto de licitación como de contratación. “Fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación”, precisó. El miércoles 29 de marzo, Arce recibió del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, información sobre presuntas “irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas” en la compra de taladros. El caso derivó en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos tras una denuncia que presentó Ortiz el 20 de diciembre.
El presidente del Estado, Evo Morales respaldó la investigación “caiga quien caiga” en el proceso.
DESCARTAN DAÑO ECONÓMICO
Según el ministro de Justicia, Héctor Arce, se solicitó que se paralice la ejecución de este contrato por 148 millones dólares, sin generar un daño económico al Estado, pese a que la empresa italiana Drillmec anunció una serie de posibles procesos. “Como se va a observar en la investigación, se va a establecer una cohonestación (acción de encubrir o disfrazar) entre la personeros de la empresa y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en perjuicio de la correcta administración de los procedimientos y manejo de los recursos del Estado”, agregó.
Tras enterarse de la paralización del contrato administrativo para la adquisición de tres taladros, la empresa italiana Drillmec CEO, expresó su preocupación a su contratante YPFB por la decisión tomada, sugirió mantener la relación contractual y advirtió con acciones legales, en caso de suspender el trato. “Las observaciones de falta de transparencia y supuesto sobreprecio dañan la imagen de Drillmec y afectan la imagen del Estado italiano, lo cual será presentado a su Gobierno por los canales diplomáticos correspondientes”, dice una carta que publicó ayer la agencia ANF, fechada el 4 de enero y firmada por Simone Trevisani, ejecutivo de Drillmec.
Los implicados son acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. El caso tiene base en un informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos en el que halló indicios de incumplimiento de deberes de parte de funcionarios y la actuación poco transparente de terceras personas que fue remitido a YPFB, pero esta institución entregó un informe incompleto al Ministerio Público por lo que no prosperó la denuncia. Posteriormente, nuevamente Transparencia derivó el informe al Ministerio de Justicia para que éste haga la denuncia ante la Fiscalía. El senador del Movimiento Demócrata Social, Óscar Ortiz, criticó la decisión del Gobierno de dejar fuera de la denuncia al Presidente de YPFB. Aunque entre los denunciados no figura el presidente de YPFB, Guillermo Achá, el Ministro de Justicia le pidió que no interfiera en la investigación y sólo acuda a las convocatorias que le pueda realizar el Ministerio Público.
Asimismo, sugirió a YPFB que se analice las formas para disolver el contrato con Drillmec a pesar de las advertencias que hizo la firma italiana de no concretarse la adjudicación. Arce detalló que los funcionarios de YPFB investigados en ese caso son Mayra Geraldine Vásquez Oros, María Aguilera Elena Camacho, Mario Alejandro Dalence Vidal y Roxana Nina Urquizu, del área de contrataciones; David Pérez Alba, José Marcos Rejas Gómez, Bismark Serrano Parada, Miguel Ángel Bandeira Suárez, Martín Ebert Panoso Pérez y David Francisco Valverde Rojas, del área solicitante; Julio Cari Nina, Mauricio Bustos Martín y Gisell Siles Roca, del área jurídica. Además de Paola Andrea Oporto Ríos, de la gerencia de contrataciones; y Jorge Patricio Sosa Suárez, de la vicepresidencia de administración, contratación y fiscalización. Por su parte, Ortiz indicó que con esta decisión se hace patente un “modus operandi” del Gobierno en los casos de corrupción que lo afectan al “culpar a los de abajo y proteger a los de arriba”.
“El directorio de YPFB, cuando autorizó el inicio del proceso de compra de los taladros, le encargó específicamente a Achá, como presidente, que sea el responsable de llevar adelante este proceso y velar por el cumplimiento de la normativa”, dijo. Según Arce, el análisis que se realizó está referido a los procesos, tanto de licitación como de contratación. “Fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación”, precisó. El miércoles 29 de marzo, Arce recibió del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, información sobre presuntas “irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas” en la compra de taladros. El caso derivó en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos tras una denuncia que presentó Ortiz el 20 de diciembre.
El presidente del Estado, Evo Morales respaldó la investigación “caiga quien caiga” en el proceso.
DESCARTAN DAÑO ECONÓMICO
Según el ministro de Justicia, Héctor Arce, se solicitó que se paralice la ejecución de este contrato por 148 millones dólares, sin generar un daño económico al Estado, pese a que la empresa italiana Drillmec anunció una serie de posibles procesos. “Como se va a observar en la investigación, se va a establecer una cohonestación (acción de encubrir o disfrazar) entre la personeros de la empresa y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en perjuicio de la correcta administración de los procedimientos y manejo de los recursos del Estado”, agregó.
Tras enterarse de la paralización del contrato administrativo para la adquisición de tres taladros, la empresa italiana Drillmec CEO, expresó su preocupación a su contratante YPFB por la decisión tomada, sugirió mantener la relación contractual y advirtió con acciones legales, en caso de suspender el trato. “Las observaciones de falta de transparencia y supuesto sobreprecio dañan la imagen de Drillmec y afectan la imagen del Estado italiano, lo cual será presentado a su Gobierno por los canales diplomáticos correspondientes”, dice una carta que publicó ayer la agencia ANF, fechada el 4 de enero y firmada por Simone Trevisani, ejecutivo de Drillmec.