FUENTE: LA PRENSA
Según la secretaria de desarrollo humano de la Gobernación de Santa Cruz, Paola Parada, el sitio arqueológico en peligro forma parte de la categoría uno y está al nivel de El Fuerte de Samaipata y Tiahuanaco. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Departamental el pasado 13 de marzo. Según Parada, los delitos implican penas de privación de libertad de hasta seis años de cárcel para los responsables, toda vez que se trata de una reincidencia, ya que existen antecedentes de que, en 2015, la Gobernación se percató del estas irregularidades y envió un informe a la empresa.
Parada manifestó que la empresa no cuenta con un estudio de impacto ambiental ni un plan de mitigación arqueológico. “Esto se convierte en un grave delito que atenta contra el patrimonio departamental y patrimonio natural arqueológico”, agregó. Por su parte, Danilo Drakic, arqueólogo de la Gobernación, dijo que la empresa ya fue notificada en octubre de 2015, cuando se descubrieron estas irregularidades gracias a la denuncia de comunarios guaraníes que habitan en la zona, pero la firma la tomó en cuenta.
Según la secretaria de desarrollo humano de la Gobernación de Santa Cruz, Paola Parada, el sitio arqueológico en peligro forma parte de la categoría uno y está al nivel de El Fuerte de Samaipata y Tiahuanaco. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Departamental el pasado 13 de marzo. Según Parada, los delitos implican penas de privación de libertad de hasta seis años de cárcel para los responsables, toda vez que se trata de una reincidencia, ya que existen antecedentes de que, en 2015, la Gobernación se percató del estas irregularidades y envió un informe a la empresa.
Parada manifestó que la empresa no cuenta con un estudio de impacto ambiental ni un plan de mitigación arqueológico. “Esto se convierte en un grave delito que atenta contra el patrimonio departamental y patrimonio natural arqueológico”, agregó. Por su parte, Danilo Drakic, arqueólogo de la Gobernación, dijo que la empresa ya fue notificada en octubre de 2015, cuando se descubrieron estas irregularidades gracias a la denuncia de comunarios guaraníes que habitan en la zona, pero la firma la tomó en cuenta.