En Miami las reuniones se realizaron en el estudio jurídico Hogan Lovells, que asesora a Petroecuador en estas operaciones.
Fuente: El Comercio
  
Tres contratos de preventa petrolera firmados entre Petroecuador y la empresa china Unipec Asia Co, subsidiaria de Sinopec, y la tailandesa PTT International Trading PTD, no se sustentaron en informes técnicos y estudios de mercado. Tampoco se justificaron plenamente los beneficios económicos para el país. Esas son algunas de las conclusiones del examen final de la Contraloría DASE-0094-2016, aprobado el 1 de diciembre del 2016, a los convenios de compraventa de petróleo crudo 2013169, 2014090 y 2015148, suscritos el 2 de diciembre de 2013, el 15 de mayo de 2014 y el 26 de junio de 2015.
 
Esas operaciones fueron aprobadas y suscritas por Marco Calvopiña, quien estuvo al frente de la petrolera desde enero de 2011 hasta el 20 de julio del 2015, y hoy está detenido, enjuiciado por supuesta delincuencia organizada. También fueron avaladas por el gerente de Comercio Internacional, Nilsen Arias. A través de estas preventas petroleras el Gobierno facturó USD 4 607,8 millones.
 
A cambio, en las tres operaciones, se comprometió a entregar 79,5 millones de barriles, amparado en un Convenio de Alianza Estratégica, vigente hasta el 2013, cuya renovación no fue aprobada por el Directorio de Petroecuador, lo cual violó la ley, según la Contraloría. Ni Arias ni Calvopiña sustentaron la conveniencia y los beneficios de los contratos.
 
Por eso, para los auditores “no fue factible determinar si la modalidad de compraventa de petróleo y prepago, además de brindar liquidez al Estado, fue la más conveniente”. El Gerente de Comercio tampoco proporcionó a los funcionarios estudios de mercado ni informes técnicos que respalden los criterios y parámetros establecidos en las cláusulas contractuales, como especificaciones de calidad del crudo Oriente (24 grados API) y Napo (19 grados API), parte de la negociación. Las preventas de petróleo a China son aproximadamente el 12% de la producción total del Ecuador, es decir uno de cada 10 barriles de petróleo, reconoció el presidente Rafael Correa a mediados del 2016, según la agencia Andes.
 
“Es un gran negocio para ambos. Aseguramos financiamiento y ellos aseguran el suministro de petróleo”. Hasta el 2015 el Régimen concretó 10 acuerdos de venta anticipada con dos empresas chinas y una tailandesa y facturó USD 40 510 millones. Para firmar los últimos convenios con Unipec y PTT, funcionarios de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas viajaron en comisión de servicios a Miami y Pekín, en octubre y noviembre del 2013, y en marzo del 2014.
 
En ninguno de los desplazamientos se estableció un procedimiento a seguir en el caso de contrataciones directas con las empresas asiáticas. Tampoco existió evidencia suficiente de los términos y condiciones propuestos por esas compañías.
 
En Miami las reuniones se realizaron en el estudio jurídico Hogan Lovells, que asesora a Petroecuador en estas operaciones.
 
Según el examen especial, el Gerente de Comercio no proporcionó información y documentación de respaldo del análisis para la determinación de los volúmenes de barriles de crudo comercializados. Por eso, la negociación careció de sustento técnico y estudios de mercado.
 
Si bien el premio pactado por las partes a la venta por barril constituye un valor adicional sobre el valor justo de mercado internacional, “este no fue fijado técnicamente”. No obstante, según un reporte de Hogan Lovells, dada la magnitud del mercado de compraventa de petróleo, su naturaleza global y la amplia variedad de usos, no existe un volumen típico para los contratos de compraventa. Los contratos varían desde una simple carga (que va desde los 320 000 hasta los 550 000 barriles) hasta contratos por varios años por más de 250 millones de barriles.
 
“Es decir, los contratos celebrados por Petroecuador contemplan volúmenes de entrega que están dentro de los rangos observados por nosotros en el mercado internacional”. En un informe fechado 16 de abril de 2015, el gerente de Petroecuador solicitó que el Directorio autorizara la suscripción del contrato con la empresa tailandesa en las siguientes condiciones: volumen total, 116 640 000 barriles de crudo, con un plazo a 5 años y 5 meses, y una tasa de interés anual del 6,97%. Ese documento, sin embargo, no incluyó ningún análisis financiero sobre el beneficio para el país.
 
Es más, la tasa fue mayor a la fijada por los organismos internacionales, según reconoció el Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Finanzas en un oficio del 19 de agosto de 2016. Desde julio de 2014, Petroecuador empezó a aplicar una nueva fórmula de precios para la valoración de crudo Oriente y Napo que fue recomendada por Petrochina, aunque había otras tres propuestas elaboradas por la estatal petrolera ecuatoriana que fueron descartadas.
 
También se fijó un premio de USD 0,45 por barril, en el contrato 2014090 suscrito el 15 de mayo del 2014, lo cual fue observado por los auditores, ya que en el 2013 el premio establecido en el contrato 2013169 con la misma empresa fue de USD 0,55. Al justificar toda la negociación, Arias destacó que fue beneficiosa para el país, por la colocación del crudo a largo plazo, independientemente del exceso de oferta en el mercado mundial. Además, agregó, Petroecuador recibió un anticipo, facturó a precios internacionales y recibió un premio adicional.
 
“Dichas transacciones fueron conocidas por el Directorio, que no emitió objeción alguna. Considerando el requerimiento del Ministerio de Finanzas y el giro del negocio de Petroecuador, lo que correspondía es suscribir ese tipo de contratos”.
 
Según Arias, la determinación de volumen de barriles para los contratos no se realizó a través de una fórmula exacta; fue el resultado de negociaciones comerciales entre las partes, como es la práctica en el comercio internacional. Eso, no obstante, implicó otra violación normativa pues debía concretarse siguiendo la legislación de Petroecuador.
 
“El Gerente de Comercio Internacional, en 2014 y 2015, entregó 16 y 18 cargamentos que representaron 5 666 834 y 6 317 964 barriles de petróleo adicionales a las cantidades comprometidas en los contratos con Unipec y PTT”. En lugar de realizar concursos abiertos, internacionales spot para mantener el control de los precios y propender la diversificación de clientes, el funcionario no proporcionó información que sustente las ventajas para el Estado, apunta el informe de auditoría.
 
Esos volúmenes de crudo se negociaron al mismo precio y demás términos y condiciones dispuestos en los contratos 2013169, 2014090 y 2015148, “lo que incidió para que en 2014 no se cumpla con la política de comercialización internacional”. Aunque en la nota se incluyen los descargos de Nilsen Arias y Petroecuador, este Diario pidió a través de llamadas y correos electrónicos su versión desde el lunes 13 de febrero, pero no obtuvo una respuesta.