FUENTE. EL DÍA
Bajo el argumento de que existe mayor injerencia de extranjeros en narcotráfico y delitos vinculados, el gobierno argentino estableció ayer un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país, aún sin condena firme, además de endurecer los requisitos para su ingreso y permanencia en la nación.
A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a distintos artículos de la ley migratoria de 2003, entre ellas "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos". Expulsión de extranjeros. Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aún cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior "en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina". El gobierno sostuvo que "ante recientes hechos de criminalidad organizada" las autoridades enfrentaron serias dificultades para expulsar extranjeros debido a un "complejo procedimiento".
Proceso para la deportación. A partir de ahora, una vez que la Dirección Nacional de Migraciones dicte la expulsión, el afectado tendrá derecho a interponer un recurso ante la justicia. El juez de primera instancia deberá pronunciarse en tres días y su fallo podrá ser apelado ante un tribunal superior, que también deberá expedirse en el mismo plazo. Una vez agotadas las instancias judiciales, las autoridades de migraciones podrán proceder en la "retención" del extranjero y expulsarlo. Quedarán exceptuados de este procedimiento los extranjeros condenados a una pena no mayor a tres años de prisión o cuando sea de carácter culposo (un accidente vial, por ejemplo) siempre y cuando acrediten condición de progenitor, hijo o cónyuge de nacionalidad argentina. En lo específico, esta restricción se aplica para extranjeros con antecedentes de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, corrupción, explotación sexual y participar el ingreso ilegal de personas. Bolivia prepara respuesta.
El gobierno boliviano perfila una posición oficial ante las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la presunta injerencia de ciudadanos nacionales en el aumento del narcotráfico en ese país. Primero vamos a escuchar la explicación del embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, y luego se tomarán las medidas pertinentes, declaró a la prensa el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira. Ferreira lamentó las declaraciones realizadas hace unos días por Bullrich, quien atribuye a ciudadanos peruanos, paraguayos y bolivianos la responsabilidad de que aumente el narcotráfico. 'No debe preocupar'. El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, anunció una reunión con el Vicecanciller del vecino país, Alan Duncan, para hablar sobre los inmigrantes bolivianos.
Señaló que se tratará las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las relaciones de los bolivianos con el crimen organizado. Tito explicó que la mayoría de los bolivianos que viven en Argentina trabaja de manera honesta y un mínimo porcentaje tiene problemas policiales. Temor Violación de acuerdos internacionales DDHH. Esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales. Los extranjeros representan el 4,5% de una población de unos 40 millones de habitantes.
Bajo el argumento de que existe mayor injerencia de extranjeros en narcotráfico y delitos vinculados, el gobierno argentino estableció ayer un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país, aún sin condena firme, además de endurecer los requisitos para su ingreso y permanencia en la nación.
A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a distintos artículos de la ley migratoria de 2003, entre ellas "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos". Expulsión de extranjeros. Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aún cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior "en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina". El gobierno sostuvo que "ante recientes hechos de criminalidad organizada" las autoridades enfrentaron serias dificultades para expulsar extranjeros debido a un "complejo procedimiento".
Proceso para la deportación. A partir de ahora, una vez que la Dirección Nacional de Migraciones dicte la expulsión, el afectado tendrá derecho a interponer un recurso ante la justicia. El juez de primera instancia deberá pronunciarse en tres días y su fallo podrá ser apelado ante un tribunal superior, que también deberá expedirse en el mismo plazo. Una vez agotadas las instancias judiciales, las autoridades de migraciones podrán proceder en la "retención" del extranjero y expulsarlo. Quedarán exceptuados de este procedimiento los extranjeros condenados a una pena no mayor a tres años de prisión o cuando sea de carácter culposo (un accidente vial, por ejemplo) siempre y cuando acrediten condición de progenitor, hijo o cónyuge de nacionalidad argentina. En lo específico, esta restricción se aplica para extranjeros con antecedentes de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, corrupción, explotación sexual y participar el ingreso ilegal de personas. Bolivia prepara respuesta.
El gobierno boliviano perfila una posición oficial ante las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la presunta injerencia de ciudadanos nacionales en el aumento del narcotráfico en ese país. Primero vamos a escuchar la explicación del embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, y luego se tomarán las medidas pertinentes, declaró a la prensa el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira. Ferreira lamentó las declaraciones realizadas hace unos días por Bullrich, quien atribuye a ciudadanos peruanos, paraguayos y bolivianos la responsabilidad de que aumente el narcotráfico. 'No debe preocupar'. El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, anunció una reunión con el Vicecanciller del vecino país, Alan Duncan, para hablar sobre los inmigrantes bolivianos.
Señaló que se tratará las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre las relaciones de los bolivianos con el crimen organizado. Tito explicó que la mayoría de los bolivianos que viven en Argentina trabaja de manera honesta y un mínimo porcentaje tiene problemas policiales. Temor Violación de acuerdos internacionales DDHH. Esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales. Los extranjeros representan el 4,5% de una población de unos 40 millones de habitantes.