FUENTE: EL DEBER
A casi tres años de la aprobación de la Ley de Inversiones y a dos años de la Ley de Conciliación y Arbitraje, los empresarios advierten de que aún no hay la reglamentación específica que genere un clima propicio para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Frente al escenario de desaceleración en el que se desenvuelve el país, los empresarios piden al Gobierno la urgente necesidad de aprobar un reglamento que contemple incentivos generales y específicos. Los generales se aplican a los sectores, mientras que los específicos a proyectos definidos como inversión preferente enmarcada en la estrategia de desarrollo de Bolivia.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, cuestionó que luego de tres años de vigencia de la Ley de Inversiones no se han generado avances desde los ministerios cabeza de sector, excepto en algunas áreas críticas de interés puntual como hidrocarburos y algo de menor alcance en minería, que de todas maneras refleja una carencia preocupante de inversores y proyectos.
En materia de la Ley de Conciliación y Arbitraje, señala que la ley dispone de manera general el arbitraje en Bolivia, bajo la norma de fondo boliviana, con árbitros bolivianos y con norma procesal boliviana; sin embargo, la percepción de los inversionistas internacionales es que ello es insuficiente. Plantean cambios. En criterio del presidente de la Cainco, Jorge Arias, lo que se precisa son los incentivos generales y específicos, para lo cual es necesario realizar un estudio que realmente los justifique por parte del Ministerio cabeza del sector. “Una vez que los estudios sean elaborados se deben defender en el marco del consejo de ministros y si son aprobados proceder con los decretos correspondientes que pongan en vigencia los incentivos.
Debemos trabajar en forma coordinada entre el Gobierno y el sector empresarial para impulsar estos incentivos cuyo objetivo es la atracción de inversiones. Es una tarea urgente por el escenario de desaceleración”, enfatizó el directivo. Por su lado, el titular de la Cámara Minera del Oriente, Mario Felery y el experto José Padilla indicaron que la Ley Nº. 535 (Ley de Minería) y su reciente reglamento aprobado no contienen atractivos suficientes para desarrollar inversiones en tecnología e investigar nuevas áreas mineras. En busca de capitales El Gobierno ha reconocido las dificultades de atraer capital e hizo varios esfuerzos desde 2015 en Nueva York y otros países, pero no se han logrado los resultados esperados. EL DEBER envió una solicitud de información al Ministerio de Planificación del Desarrollo que está a cargo de la promoción de inversiones; sin embargo, no respondió
A casi tres años de la aprobación de la Ley de Inversiones y a dos años de la Ley de Conciliación y Arbitraje, los empresarios advierten de que aún no hay la reglamentación específica que genere un clima propicio para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Frente al escenario de desaceleración en el que se desenvuelve el país, los empresarios piden al Gobierno la urgente necesidad de aprobar un reglamento que contemple incentivos generales y específicos. Los generales se aplican a los sectores, mientras que los específicos a proyectos definidos como inversión preferente enmarcada en la estrategia de desarrollo de Bolivia.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, cuestionó que luego de tres años de vigencia de la Ley de Inversiones no se han generado avances desde los ministerios cabeza de sector, excepto en algunas áreas críticas de interés puntual como hidrocarburos y algo de menor alcance en minería, que de todas maneras refleja una carencia preocupante de inversores y proyectos.
En materia de la Ley de Conciliación y Arbitraje, señala que la ley dispone de manera general el arbitraje en Bolivia, bajo la norma de fondo boliviana, con árbitros bolivianos y con norma procesal boliviana; sin embargo, la percepción de los inversionistas internacionales es que ello es insuficiente. Plantean cambios. En criterio del presidente de la Cainco, Jorge Arias, lo que se precisa son los incentivos generales y específicos, para lo cual es necesario realizar un estudio que realmente los justifique por parte del Ministerio cabeza del sector. “Una vez que los estudios sean elaborados se deben defender en el marco del consejo de ministros y si son aprobados proceder con los decretos correspondientes que pongan en vigencia los incentivos.
Debemos trabajar en forma coordinada entre el Gobierno y el sector empresarial para impulsar estos incentivos cuyo objetivo es la atracción de inversiones. Es una tarea urgente por el escenario de desaceleración”, enfatizó el directivo. Por su lado, el titular de la Cámara Minera del Oriente, Mario Felery y el experto José Padilla indicaron que la Ley Nº. 535 (Ley de Minería) y su reciente reglamento aprobado no contienen atractivos suficientes para desarrollar inversiones en tecnología e investigar nuevas áreas mineras. En busca de capitales El Gobierno ha reconocido las dificultades de atraer capital e hizo varios esfuerzos desde 2015 en Nueva York y otros países, pero no se han logrado los resultados esperados. EL DEBER envió una solicitud de información al Ministerio de Planificación del Desarrollo que está a cargo de la promoción de inversiones; sin embargo, no respondió