Fuente: La Hora
No solo eso, sino que el fiscal fue suspendido en el cargo por 90 días y se le inició un sumario administrativo disciplinario. Todo por haber emitido un dictamen absentivo a favor de 7 de los 18 procesados.
El Consejo de la Judicatura (CJ) presume que el dictamen del Fiscal no tendría la debida argumentación jurídica ni la motivación que exigen la Constitución y las leyes. La presunta infracción, dejar fuera del caso a siete procesados, será investigada por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.
Según se informó, a través de un escueto comunicado de prensa, el nuevo fiscal deberá presentar un dictamen que contenga la exposición clara de todos los elementos de convicción.
Se explicó además que el CJ adopta esta medida basado en el numeral 5 del artículo 269 del Código de la Función Judicial, que establece que al Presidente de la Institución le corresponde suspender a los servidores en casos graves y urgentes en el ejercicio de sus funciones. No obstante, en ese numeral nada se dice de suspender a los judiciales.
Textualmente señala: “Nombrar y remover a los servidores provisionales, sin perjuicio a la atribución de los directores provinciales”. No obstante, la jueza Karen Matamorros, antes de instalar la audiencia, anunció a la Sala que había llegado la comunicación del Consejo de la Judicatura.
Reacciones
Esta decisión molestó a los abogados de la defensa, pero la Jueza no se inmutó y comunicó a la Sala que la audiencia se difería para el martes, a la que se deberá citar a un nuevo fiscal para que se pronuncie sobre los procesados.
Jorge Acosta, abogado de Juan y Jaime Baquerizo, calificó de increíble lo que ocurrió en la fallida audiencia, pues, según dijo, la Jueza no podía devolver el dictamen abstentivo, más si fue presentado el 12 de enero.
Dijo que todas las actuaciones del Juez deben darse a través de una providencia y debidamente motivada, pero en este caso solo dio la orden y se devolvió el dictamen.
Diego Velasco, abogado del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, se confesó confundido con la decisión, y dijo que no entendía procesalmente lo que ocurrió. Argumentó que, según el Código Penal, la operadora de justicia debió haber trasladado inmediatamente el dictamen fiscal a los beneficiados.
Lorena Grillo, abogada de Javier Baquerizo, dijo que es de esperar que el nuevo Fiscal se mantenga en el criterio de Jacinto Tibanlombo, partiendo del hecho de que la Fiscalía es una unidad y no puede variar el criterio. (LC)
Otra detención en el caso
Yolanda Calero Silva, una de las procesadas en el caso de cohecho en Petroecuador que se encontraba prófuga de la justicia, fue detenida ayer cuando intentaba ingresar a Colombia, según informó el viceministro del Interior, Diego Fuentes, en su cuenta de Twitter.
Ella fue vinculada al proceso el 21 de octubre de 2016 y en su caso, la Jueza dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero estas no fueron cumplidas y se ordenó su detención.
Según el último informe de la Interpol, ella se encontraba en Panamá. Calero Silva figura como empleada de las empresas Urazul y Azulec, esta última proveedora de Petroecuador. Las dos empresas también están relacionadas con Sierrazul y Phillips William Walace.