Fuente: El Colombiano
El Gobierno explicó que al tratarse “de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión de los servicios tendrá que ser asumido por una de las partes (la empresa o el consumidor)”. A juicio del Ejecutivo, el proyecto vulnera el principio de solidaridad y es inequitativo con las personas que pagan “oportunamente sus obligaciones”. Con esto, el Gobierno también se exonera de responsabilidad, pues aclaró que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues seria una carga para el fisco. Además, la Presidencia indicó que “en el caso en el que los usuarios asuman el costo, necesariamente se aumentarían de manera general las tarifas del servicio”. Ante esto, diferentes congresistas reaccionaron.
El primero fue el senador por el Partido de la U, Armando Benedetti, quien aseguró que no está de acuerdo con el cobro de reconexión y con la posición de la Presidencia al objetar la ley. Incluso congresistas como el senador liberal Lidio García, quien impulsó la iniciativa, indicó a medios nacionales que esta es una mala jugada por parte del presidente Santos, luego de una impopular reforma tributaria. Tras la objeción, se conoció que habrá campaña en el Congreso para no votar dicho requerimiento del presidente Santos, el próximo 16 de marzo. Su promotores buscarán que la Corte Constitucional tome la decisión final.
El proyecto buscaba modificar la Ley 142 de 1994 en requisitos que deben cumplirse para hacer el cobro por reconexión. Se pretendía que no se hiciera cuando la causa de suspensión en estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora por el pago de factura y que el usuario se ponga a paz y salvo o llegue a un acuerdo con la entidad. En su momento, García aseguró que la exoneración del cargo por reconexión no generaba afectación sobre la estabilidad financiera de las compañías de servicios.
El Gobierno explicó que al tratarse “de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión de los servicios tendrá que ser asumido por una de las partes (la empresa o el consumidor)”. A juicio del Ejecutivo, el proyecto vulnera el principio de solidaridad y es inequitativo con las personas que pagan “oportunamente sus obligaciones”. Con esto, el Gobierno también se exonera de responsabilidad, pues aclaró que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues seria una carga para el fisco. Además, la Presidencia indicó que “en el caso en el que los usuarios asuman el costo, necesariamente se aumentarían de manera general las tarifas del servicio”. Ante esto, diferentes congresistas reaccionaron.
El primero fue el senador por el Partido de la U, Armando Benedetti, quien aseguró que no está de acuerdo con el cobro de reconexión y con la posición de la Presidencia al objetar la ley. Incluso congresistas como el senador liberal Lidio García, quien impulsó la iniciativa, indicó a medios nacionales que esta es una mala jugada por parte del presidente Santos, luego de una impopular reforma tributaria. Tras la objeción, se conoció que habrá campaña en el Congreso para no votar dicho requerimiento del presidente Santos, el próximo 16 de marzo. Su promotores buscarán que la Corte Constitucional tome la decisión final.
El proyecto buscaba modificar la Ley 142 de 1994 en requisitos que deben cumplirse para hacer el cobro por reconexión. Se pretendía que no se hiciera cuando la causa de suspensión en estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora por el pago de factura y que el usuario se ponga a paz y salvo o llegue a un acuerdo con la entidad. En su momento, García aseguró que la exoneración del cargo por reconexión no generaba afectación sobre la estabilidad financiera de las compañías de servicios.