FUENTE: EL DEBER
El proyecto de PGE 2017 que fue aprobado la madrugada del jueves en Diputados prevé una inversión pública de $us 6.188 millones; una tasa de crecimiento anual del PIB (Producto Interno Bruto) del 4,8%, una tasa de inflación del 5,03% y el mayor déficit fiscal de la última década, 7,8% del PIB. Algunas cifras no gustan a economistas, empresarios ni a los políticos de la oposición. Los argumentos son sencillos. Si se considera la inversión pública de $us 6.186 millones, significa que el 20% del presupuesto es inversión y el 80% gastos de funcionamiento de todo el aparato estatal.
La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto consolidado para 2017 de Bs 210.346.912.461, en tanto que el agregado es de Bs 274.879.355.104. Un análisis efectuado por el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, y compartida por legisladores de la oposición señala que el PGE 2017 establece un ingreso de Bs 210.346 millones y Bs 130.597 millones corresponde a gastos corrientes y el 35% del PGE corresponde a fuentes financieras con un monto de Bs 73.357 millones que no especifica la procedencia o el origen de los fondos salvo el financiamiento externo.
El expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz Teófilo Caballero indicó que cuando hay desaceleración económica lo primero que hacen los gobiernos responsables es recortar los gastos corrientes o impulsar la inversión pública en sectores selectivos. Cuestionó que se destine impuestos que pagan los bolivianos a sostener las empresas ineficientes y poco transparentes. Otro aspecto que preocupa es la reducción de las transferencias a las gobernaciones (Bs 1.020 millones), municipios (1.430 millones) y universidades (130 millones). Asimismo, hay observaciones a la partida con fuerte asignación para el programa Evo Cumple, pues para infraestructura de educación y deportiva, el Ministerio de la Presidencia recibirá Bs 1.341 millones, casi la misma cifra representa la reducción sufrida por 339 municipios del país por los efectos de la caída de los precios del gas natural, según la diputada de oposición Jimena Costa.
Crecimiento garantizado En un comunicado divulgado por el Ministerio de Economía, el titular del área, Luis Arce, aseguró que la inversión pública garantizará el crecimiento económico del país y está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 con una lógica productiva. Además se garantiza la continuidad de las políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la renta Dignidad.
La autoridad explicó que este presupuesto se basa en los excedentes que generan al TGN, las empresas públicas y las entidades financieras para equilibrar los ingresos y gastos, ya que las universidades públicas, gobernaciones y municipios gastan más de lo que generan. Gobierno y CEPB discrepan En medio de esta situación, ayer durante el foro económico Desaceleración económica, desafíos y oportunidades, celebrado en la UPSA, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, y el titular de la CEPB, Ronald Nostas, discreparon por la política económica
El proyecto de PGE 2017 que fue aprobado la madrugada del jueves en Diputados prevé una inversión pública de $us 6.188 millones; una tasa de crecimiento anual del PIB (Producto Interno Bruto) del 4,8%, una tasa de inflación del 5,03% y el mayor déficit fiscal de la última década, 7,8% del PIB. Algunas cifras no gustan a economistas, empresarios ni a los políticos de la oposición. Los argumentos son sencillos. Si se considera la inversión pública de $us 6.186 millones, significa que el 20% del presupuesto es inversión y el 80% gastos de funcionamiento de todo el aparato estatal.
La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto consolidado para 2017 de Bs 210.346.912.461, en tanto que el agregado es de Bs 274.879.355.104. Un análisis efectuado por el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, y compartida por legisladores de la oposición señala que el PGE 2017 establece un ingreso de Bs 210.346 millones y Bs 130.597 millones corresponde a gastos corrientes y el 35% del PGE corresponde a fuentes financieras con un monto de Bs 73.357 millones que no especifica la procedencia o el origen de los fondos salvo el financiamiento externo.
El expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz Teófilo Caballero indicó que cuando hay desaceleración económica lo primero que hacen los gobiernos responsables es recortar los gastos corrientes o impulsar la inversión pública en sectores selectivos. Cuestionó que se destine impuestos que pagan los bolivianos a sostener las empresas ineficientes y poco transparentes. Otro aspecto que preocupa es la reducción de las transferencias a las gobernaciones (Bs 1.020 millones), municipios (1.430 millones) y universidades (130 millones). Asimismo, hay observaciones a la partida con fuerte asignación para el programa Evo Cumple, pues para infraestructura de educación y deportiva, el Ministerio de la Presidencia recibirá Bs 1.341 millones, casi la misma cifra representa la reducción sufrida por 339 municipios del país por los efectos de la caída de los precios del gas natural, según la diputada de oposición Jimena Costa.
Crecimiento garantizado En un comunicado divulgado por el Ministerio de Economía, el titular del área, Luis Arce, aseguró que la inversión pública garantizará el crecimiento económico del país y está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 con una lógica productiva. Además se garantiza la continuidad de las políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y la renta Dignidad.
La autoridad explicó que este presupuesto se basa en los excedentes que generan al TGN, las empresas públicas y las entidades financieras para equilibrar los ingresos y gastos, ya que las universidades públicas, gobernaciones y municipios gastan más de lo que generan. Gobierno y CEPB discrepan En medio de esta situación, ayer durante el foro económico Desaceleración económica, desafíos y oportunidades, celebrado en la UPSA, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, y el titular de la CEPB, Ronald Nostas, discreparon por la política económica