FUENTE : LA RAZÓN
El procurador General del Estado, Héctor Arce, y el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, se reunieron este martes por la tarde en Washington, Estados Unidos, con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, para transmitirle la preocupación del Gobierno boliviano por la grave situación que enfrentan los transportistas bolivianos y la violación de sus derechos fundamentales, ocasionado por el paro de los trabajadores públicos de Chile, se informó.
Durante la reunión, se expusieron detalles sobre los atropellos y actos discriminatorios y racistas que constantemente sufren los transportistas bolivianos en territorio chileno, así como la grave vulneración de sus derechos más fundamentales como el derecho al agua, a la alimentación, a la locomoción, a los servicios sanitarios básicos, entre otros, según se informó a través de un boletín de prensa. Arce transmitió a Abrão que el Gobierno boliviano estudia posibilidades y alternativas para restablecer los "derechos humanos vulnerados de los ciudadanos bolivianos que injustamente se encuentran perjudicados por el conflicto y sufriendo una serie de penurias en las carreteras, a causa de la dejadez y falta de voluntad de la República de Chile para solucionar el conflicto".
La delegación boliviana dejó abierta la posibilidad de presentar una petición formal e incluso la solicitud de medidas cautelares de persistir el conflicto. El Tratado de 1904, establece que Bolivia goza del más amplio e irrestricto tránsito hacia puertos chilenos, sin embargo, el transporte boliviano hacia las costas del Pacifico es constantemente dificultado y obstruido, ahogando el comercio exterior y el desarrollo del país.
En las últimas semanas, más de 3000 transportistas se encuentran detenidos en la carretera por alrededor de dos semanas, sin que haya posibilidades de solución del conflicto a corto plazo y la República de Chile se niega sistemáticamente a reconocer esta situación generada por la privatización de sus puertos. Bolivia ratificó una vez más que usará todos los mecanismos internacionales pacíficos para el respeto de los derechos de sus ciudadanos y de los transportistas de países sin y privados de litoral que pasan por situaciones similares.
El procurador General del Estado, Héctor Arce, y el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, se reunieron este martes por la tarde en Washington, Estados Unidos, con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, para transmitirle la preocupación del Gobierno boliviano por la grave situación que enfrentan los transportistas bolivianos y la violación de sus derechos fundamentales, ocasionado por el paro de los trabajadores públicos de Chile, se informó.
Durante la reunión, se expusieron detalles sobre los atropellos y actos discriminatorios y racistas que constantemente sufren los transportistas bolivianos en territorio chileno, así como la grave vulneración de sus derechos más fundamentales como el derecho al agua, a la alimentación, a la locomoción, a los servicios sanitarios básicos, entre otros, según se informó a través de un boletín de prensa. Arce transmitió a Abrão que el Gobierno boliviano estudia posibilidades y alternativas para restablecer los "derechos humanos vulnerados de los ciudadanos bolivianos que injustamente se encuentran perjudicados por el conflicto y sufriendo una serie de penurias en las carreteras, a causa de la dejadez y falta de voluntad de la República de Chile para solucionar el conflicto".
La delegación boliviana dejó abierta la posibilidad de presentar una petición formal e incluso la solicitud de medidas cautelares de persistir el conflicto. El Tratado de 1904, establece que Bolivia goza del más amplio e irrestricto tránsito hacia puertos chilenos, sin embargo, el transporte boliviano hacia las costas del Pacifico es constantemente dificultado y obstruido, ahogando el comercio exterior y el desarrollo del país.
En las últimas semanas, más de 3000 transportistas se encuentran detenidos en la carretera por alrededor de dos semanas, sin que haya posibilidades de solución del conflicto a corto plazo y la República de Chile se niega sistemáticamente a reconocer esta situación generada por la privatización de sus puertos. Bolivia ratificó una vez más que usará todos los mecanismos internacionales pacíficos para el respeto de los derechos de sus ciudadanos y de los transportistas de países sin y privados de litoral que pasan por situaciones similares.