FUENTE: LOS TIEMPOS
Analistas coinciden en que es riesgoso mantener una elevada inversión en un contexto de desaceleración económica. Entre los proyectos estatales, transportes tiene destinados 1.696 millones de dólares y energía 1.276 millones de dólares, les sigue en porcentaje de participación hidrocarburos con 779 millones de dólares que equivalen al 12,6 por ciento de participación en el presupuesto 2017.
En el “ranking de proyectos de inversión pública” del PGE 2017 figuran 20 proyectos y en los cinco primeros lugares, por monto asignado, está el proyecto hidroeléctrico Rositas, la planta de salmuera del Salar de Uyuni y la termoeléctrica del Sur. En tanto que sectores como turismo, industria y agropecuaria, generadores de empleo, tienen asignaciones de entre 0,1 y 3,2 por ciento del presupuesto. Con 6.189 millones de dólares, la inversión pública prevista para 2017 es ligeramente menor a los 6.395 millones previstos en el PGE 2016, pero el déficit fiscal es mayor pues se calcula un 7,8 por ciento cuando para 2016 se estimó un 4,5 por ciento.
“El déficit de 7,8 por ciento viene por cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que contempla una agresiva inversión pública y que está siendo financiada por el ahorro de años anteriores y financiamiento externo”, explicó el martes el ministro de Economía, Luis Arce, en la presentación del documento. Al respecto, el analista José Luis Evia hizo notar que el déficit fiscal, que mide la diferencia entre los ingresos y los egresos públicos, fue incrementándose desde el 3,4 por ciento de 2014, primer año de déficit después de un largo periodo de superávit (2006-2013) y señaló que tasa proyectada para 2017 “es un porcentaje demasiado alto”, considerando la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). “Gran parte de los proyectos financiados hasta ahora fue a costa de la reducción de las reservas, pero eso está llegando a su límite porque al Banco Central de Bolivia (BCB) le va a ser más difícil seguir haciendo préstamos”, explicó. El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, considera que una tasa cercana al 10 por ciento es “preocupante”.
En casi dos años, la reducción de las RIN supera los 4.411 millones de dólares pues en diciembre de 2014 llegaban a 15.123 millones y al 28 de octubre pasado, el BCB reportó 10.712 millones. Hasta agosto pasado, el BCB otorgó créditos concesionales a empresas públicas consideradas estratégicas por un total de 5.044 millones de bolivianos. Para el analista Pablo Cuba, la inversión en transportes y energía es “un plan de emergencia” del Gobierno para evitar que el Producto Interno Bruto (PIB) se reduzca en mayor proporción, considerando que el crecimiento económico está por debajo del 5 por ciento previsto para este año; “pero a un costo de mayor endeudamiento”, en alusión al crédito chino ya anunciado hace algunas semanas.
El Gobierno chino ofreció una línea de crédito de hasta 10.000 millones de dólares. Evia considera que la inversión en proyectos de energía “conlleva problemas” si es que no se hace una correcta evaluación de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos a lo que Cuba añade que “no se está pensando en generar empleos”. Coincidiendo con él, Martínez recuerda que si bien esas inversiones son parte de la apuesta del Gobierno por proyectos hidroeléctricos que le permitan exportar energía y percibir una renta, no ve como una buena señal que se contraiga la inversión en sectores como agropecuaria, industria y turismo, que son los que generan empleo, pues la falta de empleo será uno de los problemas a afrontar.
“Sumando, los tres sectores concentran un 7 por ciento de la inversión pública, entonces ya no hay ni siquiera el intento de hacer el cambio de la matriz productiva, no hay apuesta por la diversificación económica”, señala Martínez.
REDUCCIÓN DEL IDH El PGE 2017 prevé una drástica caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 22,5 por ciento. En la presentación realizada el martes, el ministro de Economía, Luis Arce, lamentó que los Gobiernos subnacionales no hayan hecho la diversificación de sus ingresos que compense esta caída de ingresos como efecto de la caída del precio del petróleo.
Analistas coinciden en que es riesgoso mantener una elevada inversión en un contexto de desaceleración económica. Entre los proyectos estatales, transportes tiene destinados 1.696 millones de dólares y energía 1.276 millones de dólares, les sigue en porcentaje de participación hidrocarburos con 779 millones de dólares que equivalen al 12,6 por ciento de participación en el presupuesto 2017.
En el “ranking de proyectos de inversión pública” del PGE 2017 figuran 20 proyectos y en los cinco primeros lugares, por monto asignado, está el proyecto hidroeléctrico Rositas, la planta de salmuera del Salar de Uyuni y la termoeléctrica del Sur. En tanto que sectores como turismo, industria y agropecuaria, generadores de empleo, tienen asignaciones de entre 0,1 y 3,2 por ciento del presupuesto. Con 6.189 millones de dólares, la inversión pública prevista para 2017 es ligeramente menor a los 6.395 millones previstos en el PGE 2016, pero el déficit fiscal es mayor pues se calcula un 7,8 por ciento cuando para 2016 se estimó un 4,5 por ciento.
“El déficit de 7,8 por ciento viene por cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que contempla una agresiva inversión pública y que está siendo financiada por el ahorro de años anteriores y financiamiento externo”, explicó el martes el ministro de Economía, Luis Arce, en la presentación del documento. Al respecto, el analista José Luis Evia hizo notar que el déficit fiscal, que mide la diferencia entre los ingresos y los egresos públicos, fue incrementándose desde el 3,4 por ciento de 2014, primer año de déficit después de un largo periodo de superávit (2006-2013) y señaló que tasa proyectada para 2017 “es un porcentaje demasiado alto”, considerando la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). “Gran parte de los proyectos financiados hasta ahora fue a costa de la reducción de las reservas, pero eso está llegando a su límite porque al Banco Central de Bolivia (BCB) le va a ser más difícil seguir haciendo préstamos”, explicó. El analista de la Fundación Jubileo, René Martínez, considera que una tasa cercana al 10 por ciento es “preocupante”.
En casi dos años, la reducción de las RIN supera los 4.411 millones de dólares pues en diciembre de 2014 llegaban a 15.123 millones y al 28 de octubre pasado, el BCB reportó 10.712 millones. Hasta agosto pasado, el BCB otorgó créditos concesionales a empresas públicas consideradas estratégicas por un total de 5.044 millones de bolivianos. Para el analista Pablo Cuba, la inversión en transportes y energía es “un plan de emergencia” del Gobierno para evitar que el Producto Interno Bruto (PIB) se reduzca en mayor proporción, considerando que el crecimiento económico está por debajo del 5 por ciento previsto para este año; “pero a un costo de mayor endeudamiento”, en alusión al crédito chino ya anunciado hace algunas semanas.
El Gobierno chino ofreció una línea de crédito de hasta 10.000 millones de dólares. Evia considera que la inversión en proyectos de energía “conlleva problemas” si es que no se hace una correcta evaluación de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos a lo que Cuba añade que “no se está pensando en generar empleos”. Coincidiendo con él, Martínez recuerda que si bien esas inversiones son parte de la apuesta del Gobierno por proyectos hidroeléctricos que le permitan exportar energía y percibir una renta, no ve como una buena señal que se contraiga la inversión en sectores como agropecuaria, industria y turismo, que son los que generan empleo, pues la falta de empleo será uno de los problemas a afrontar.
“Sumando, los tres sectores concentran un 7 por ciento de la inversión pública, entonces ya no hay ni siquiera el intento de hacer el cambio de la matriz productiva, no hay apuesta por la diversificación económica”, señala Martínez.
REDUCCIÓN DEL IDH El PGE 2017 prevé una drástica caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 22,5 por ciento. En la presentación realizada el martes, el ministro de Economía, Luis Arce, lamentó que los Gobiernos subnacionales no hayan hecho la diversificación de sus ingresos que compense esta caída de ingresos como efecto de la caída del precio del petróleo.