Fuente: PÁGINA SIETE
En América Latina sólo está peor Venezuela, que ocupa el lugar 130 de los 138 países analizados. El índice estudia 12 variables: calidad de las instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacitación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación. En casi todas ellas Bolivia ocupa los últimos lugares en el mundo.
Estos temas se han señalado numerosas veces por empresarios, analistas económicos, dirigentes opositores y medios de comunicación. Las autoridades no han realizado acciones coherentes para generar empleo sostenible en el país. Han apostado por exportar productos sin valor agregado y reprimarizado la economía de manera notable. Gracias a los precios altos de minerales y gas que vendemos, se generó una alta utilidad, que las autoridades usaron en entrega de bonos y construcción de obras públicas, sobre todo de infraestructura.
Ello generó bonanza económica, y aumentó el empleo, pero de tipo pasajero y frágil. Generar empleo sostenible, productivo y de largo plazo es mucho más difícil que depender de los precios altos de los productos que exporta un país: requiere acuerdos comerciales con otros países, masivas tareas de capacitación, acceso más fácil al crédito, flexibilización de las políticas laborales y eliminación de los obstáculos a las empresas.
El Gobierno no ha atendido apropiadamente estas metas, y en vez de alentar los emprendimientos y fomentar a la empresa, ha puesto mayor presión en el sector privado, imponiendo el segundo aguinaldo, cobrando altos impuestos, etc. Ello ha provocado que la informalidad en el país se ubique alrededor del 70% de la economía, generando además un subempleo galopante (frente al cual el índice de desempleo oficial, de 4,4% parece una broma). Este problema no tiene una solución simple.
Las autoridades no creen que la empresa privada deba asumir el desafío del crecimiento, la producción y la generación de empleo. El Vicepresidente señala con algarabía que el Estado ocupa una porción mayor del PIB boliviano, algo que no refleja un avance en nada. El Estado financia a funcionarios públicos o se dedica a conducir empresas de muy bajo impacto en el empleo, por ejemplo YPFB. Ninguna reforma sustancial está a la vista.
En América Latina sólo está peor Venezuela, que ocupa el lugar 130 de los 138 países analizados. El índice estudia 12 variables: calidad de las instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacitación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación. En casi todas ellas Bolivia ocupa los últimos lugares en el mundo.
Estos temas se han señalado numerosas veces por empresarios, analistas económicos, dirigentes opositores y medios de comunicación. Las autoridades no han realizado acciones coherentes para generar empleo sostenible en el país. Han apostado por exportar productos sin valor agregado y reprimarizado la economía de manera notable. Gracias a los precios altos de minerales y gas que vendemos, se generó una alta utilidad, que las autoridades usaron en entrega de bonos y construcción de obras públicas, sobre todo de infraestructura.
Ello generó bonanza económica, y aumentó el empleo, pero de tipo pasajero y frágil. Generar empleo sostenible, productivo y de largo plazo es mucho más difícil que depender de los precios altos de los productos que exporta un país: requiere acuerdos comerciales con otros países, masivas tareas de capacitación, acceso más fácil al crédito, flexibilización de las políticas laborales y eliminación de los obstáculos a las empresas.
El Gobierno no ha atendido apropiadamente estas metas, y en vez de alentar los emprendimientos y fomentar a la empresa, ha puesto mayor presión en el sector privado, imponiendo el segundo aguinaldo, cobrando altos impuestos, etc. Ello ha provocado que la informalidad en el país se ubique alrededor del 70% de la economía, generando además un subempleo galopante (frente al cual el índice de desempleo oficial, de 4,4% parece una broma). Este problema no tiene una solución simple.
Las autoridades no creen que la empresa privada deba asumir el desafío del crecimiento, la producción y la generación de empleo. El Vicepresidente señala con algarabía que el Estado ocupa una porción mayor del PIB boliviano, algo que no refleja un avance en nada. El Estado financia a funcionarios públicos o se dedica a conducir empresas de muy bajo impacto en el empleo, por ejemplo YPFB. Ninguna reforma sustancial está a la vista.