FUENTE: LOS TIEMPOS
Añadió que Bolivia debe explicar por qué cobra a comerciantes e importadores bolivianos y estos “sobreprecios que encarecen el libre tránsito” por los puertos de Chile. Según Muñoz, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) actúa como intermediaria entre los importadores bolivianos y el puerto de Arica y “no presta servicio directo alguno”.
Añadió que “sólo por el concepto de intermediar” la ASP-B cobra un sobreprecio a las tarifas, que en algunos casos llegan al 300 por ciento. En respuesta, el gerente de la ASP-B, David Sánchez, justificó el “sobreprecio” y denunció una política de “guerra sucia” de parte de Muñoz. Explicó, citado por ANF, que ese “excedente” en el cobro a los importadores se destina al pago de sueldos de funcionarios bolivianos que trabajan en los puertos chilenos y también dentro de Bolivia. Para ejemplificar su acusación, Muñoz explicó que por descargar un contenedor de 20 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 29,92 dólares, mientras que la ASP-B agrega un cobro a los importadores bolivianos de 119,92 dólares.
“Esto genera una diferencia de 300 por ciento entre ambas tarifas, por ningún servicio extra”, dijo. De la misma forma, explicó que para cargar un contenedor de 40 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 31,17 dólares, mientras la empresa estatal boliviana recarga a los importadores 146,17 dólares, generando una diferencia de 370 por ciento. Por los servicios de desconsolidación, para un contenedor de 20 pies, el puerto de Arica cobra a ASP-B 93,5 dólares y ésta cobra a sus importadores 252 dólares, generando una diferencia de 170 por ciento.
Para un contenedor de 40 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 93,5 dólares y la empresa boliviana a sus importadores cobra 231,48 dólares, generando una diferencia de 148 por ciento, afirmó Muñoz. En conferencia de prensa, en La Paz, Sánchez afirmó que Bolivia tiene precios diferentes a la Terminal Portuaria de Arica (TPA) porque debe cubrir salarios de funcionarios que custodian y fiscalizan la carga de exportadores e importadores en Arica.
Añadió que son 35 funcionarios bolivianos en puerto de Arica y tres en Antofagasta, además de los funcionarios de oficinas regionales. Explicó que, del 100 por ciento que genera la ASP-B, el 70 por ciento está destinado a pagar servicios portuarios chilenos de la TPA, el 20 por ciento a recursos humanos y el 10 por ciento son remanentes. Sánchez también afirmó que, desde 2005, la ASP-B no incrementó tarifas de servicios portuarios y que el Gobierno chileno debe tomar en cuenta que no trata con un cliente más, sino con una empresa estatal. Bolivia y Chile están enfrentadas en la corte de La Haya por la demanda marítima boliviana y por una controversia por las aguas del Silala.
SOBRE PIB DE BOLIVIA El presidente Evo Morales aseveró que el enclaustramiento marítimo provoca a Bolivia una pérdida anual del 2,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al año; pero el canciller chileno Heraldo Muñoz atribuyó ayer esa disminución a fallas institucionales. “Yo diría que los países sin litoral, cuando no se desarrollan (…) es cuando fallan las instituciones. Esa es la mejor explicación”, dijo Muñoz, citado por La Tercera. Morales también manifestó que Chile debe resarcir el daño por la invasión chilena, a lo que Muñoz respondió que su país conoce amenazas pero que no conoce nada concreto sobre el tema.
Añadió que Bolivia debe explicar por qué cobra a comerciantes e importadores bolivianos y estos “sobreprecios que encarecen el libre tránsito” por los puertos de Chile. Según Muñoz, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) actúa como intermediaria entre los importadores bolivianos y el puerto de Arica y “no presta servicio directo alguno”.
Añadió que “sólo por el concepto de intermediar” la ASP-B cobra un sobreprecio a las tarifas, que en algunos casos llegan al 300 por ciento. En respuesta, el gerente de la ASP-B, David Sánchez, justificó el “sobreprecio” y denunció una política de “guerra sucia” de parte de Muñoz. Explicó, citado por ANF, que ese “excedente” en el cobro a los importadores se destina al pago de sueldos de funcionarios bolivianos que trabajan en los puertos chilenos y también dentro de Bolivia. Para ejemplificar su acusación, Muñoz explicó que por descargar un contenedor de 20 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 29,92 dólares, mientras que la ASP-B agrega un cobro a los importadores bolivianos de 119,92 dólares.
“Esto genera una diferencia de 300 por ciento entre ambas tarifas, por ningún servicio extra”, dijo. De la misma forma, explicó que para cargar un contenedor de 40 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 31,17 dólares, mientras la empresa estatal boliviana recarga a los importadores 146,17 dólares, generando una diferencia de 370 por ciento. Por los servicios de desconsolidación, para un contenedor de 20 pies, el puerto de Arica cobra a ASP-B 93,5 dólares y ésta cobra a sus importadores 252 dólares, generando una diferencia de 170 por ciento.
Para un contenedor de 40 pies, el puerto de Arica cobra a la ASP-B 93,5 dólares y la empresa boliviana a sus importadores cobra 231,48 dólares, generando una diferencia de 148 por ciento, afirmó Muñoz. En conferencia de prensa, en La Paz, Sánchez afirmó que Bolivia tiene precios diferentes a la Terminal Portuaria de Arica (TPA) porque debe cubrir salarios de funcionarios que custodian y fiscalizan la carga de exportadores e importadores en Arica.
Añadió que son 35 funcionarios bolivianos en puerto de Arica y tres en Antofagasta, además de los funcionarios de oficinas regionales. Explicó que, del 100 por ciento que genera la ASP-B, el 70 por ciento está destinado a pagar servicios portuarios chilenos de la TPA, el 20 por ciento a recursos humanos y el 10 por ciento son remanentes. Sánchez también afirmó que, desde 2005, la ASP-B no incrementó tarifas de servicios portuarios y que el Gobierno chileno debe tomar en cuenta que no trata con un cliente más, sino con una empresa estatal. Bolivia y Chile están enfrentadas en la corte de La Haya por la demanda marítima boliviana y por una controversia por las aguas del Silala.
SOBRE PIB DE BOLIVIA El presidente Evo Morales aseveró que el enclaustramiento marítimo provoca a Bolivia una pérdida anual del 2,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al año; pero el canciller chileno Heraldo Muñoz atribuyó ayer esa disminución a fallas institucionales. “Yo diría que los países sin litoral, cuando no se desarrollan (…) es cuando fallan las instituciones. Esa es la mejor explicación”, dijo Muñoz, citado por La Tercera. Morales también manifestó que Chile debe resarcir el daño por la invasión chilena, a lo que Muñoz respondió que su país conoce amenazas pero que no conoce nada concreto sobre el tema.