Fuente: El Colombiano

   

La idea era incluir temas de ordenamiento territorial y de participación ciudadana en los que hay “unos huecos normativos”, comentó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en la clausura del congreso anual de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), el viernes anterior, en Bogotá.

 

Con esto se proponía reducir la alta conflictividad social que el mismo gremio ha denunciado en todas las áreas de influencia de proyectos petroleros de exploración y producción. Esto se expresa desde bloqueos a las operaciones hasta demandas que no les corresponde suplir a las empresas.

 

“Aquí hay unas mafias que se lucran del proceso de consulta previa y organizaciones sociales que chantajean empresas por ausencia del Estado”, comentó en el mismo evento a representantes de las petroleras Frank Pearl. Para este miembro del equipo negociador con las Farc es indispensable que haya menos “participadera” y más “participación”.

 

Pero a esa incertidumbre en el sector de hidrocarburos se suma otra: la falta de reglas claras sobre el uso del territorio. Esto trae consecuencias en la obtención de permisos ambientales y atiza el debate local entre medio ambiente y desarrollo económico.

 

Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, no dejó soluciones en su mensaje a los representantes del sector.

 

Señaló que se debe pasar del “conflicto a la colaboración” y en su presentación se lee que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó 831 licencias, sin precisar en qué periodo.

 

En cambio, el funcionario si anunció, que en “uno o dos meses” se tendrá listo un decreto que cambia las compensaciones ambientales, para que no se limiten, básicamente, a reforestación o protección de cuencas. En la práctica, este es otro cambio en las reglas de juego para el sector.

 

Con esa incertidumbre adicional, entre tanto, Colombia deja de ser atractivo para inversión en hidrocarburos, en tiempo de precios bajos del crudo, y pierde competitividad frente a otros países.

 

Así lo demuestran los mismos datos entregados por el ministro Arce: en la percepción de seguridad de las empresas en el territorio: el país es superado por Argentina y Brasil, mientras está delante de Venezuela o China (ver gráficos).

 ¿Qué queda?

 

Con esas señales negativas, al Gobierno le quedan tres salvavidas para que las grandes petroleras insistan en quedarse o llegar a Colombia. Y esto, pese a las señales coyunturales adversas para un sector particularmente afectado por el conflicto armado, la delincuencia organizada, las demoras en permisos y las vías de hecho de las comunidades.

 

De una parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) espera concluir este mes un nuevo reglamento técnico de asignación de áreas para exploración y producción petroleras.

 

Según el presidente de la ANH, Orlando Velandia, se busca flexibilizar las obligaciones económicas del concesionario, acorde suba o baje el precio del barril, y no como ahora, supeditado al precio establecido en el momento del contrato.

 

También se eliminará la llamada Tabla de Precios Unitarios, que castiga las eficiencias de las petroleras al cumplir sus compromisos. Además se tendrá un esquema de asignación de áreas acorde a su prospectividad, con base en el conocimiento geológico, para hacerlas más atractivas.

 

Un segundo salvavidas se espera llegue con la próxima reforma tributaria. La idea es que se dé un estímulo mediante la reactivación de los Certificados de Reembolso Tributario (Cert) para inversiones nuevas en el sector minero-energético.

 

“Se ha usado en el pasado y permite que las industrias moneticen esos impuestos que se diferirían en el tiempo (...). El Ministerio Hacienda lo está evaluando y esperamos que sea parte del paquete que se lleve al Congreso”, respondió el ministro de Minas.

 

Y por último, desde distintas instancias del Gobierno se coincide en la necesidad de una mayor pedagogía territorial frente a la actividad petrolera.

 

Por eso la ANH comenzará por Caquetá unas jornadas de visitas a campos petroleros con autoridades y líderes locales para desmitificar la actividad y despejar dudas frente parámetros ambientales y sociales. “Si no nos sabemos escuchar y no dialogamos, esos espacios los ocupan otras personas que generan desinformación”, añade Velandia.

 

Finalmente, está en el tintero la posibilidad de un esquema que emule el modelo peruano de canjear impuestos por inversiones en infraestructura básica en zonas alejadas.

 

Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos se mostró proclive a materializar esa posibilidad. Pero su ministro de Minas y Energía fue más cauto: “estamos mirando la manera más adecuada de incorporar un estímulo de este tipo. De hecho, muchas petroleras son la única presencia institucional en muchos sitios”, concluyó el funcionario.

 

No habrá reforma a las regalías

 

Uno de los detonantes de la mayor conflictividad social y ambiental en los territorios petroleros está directamente relacionado con el cambio en la distribución de recursos del Sistema General de Regalías, que ahora entrega menos recursos a las zonas productoras y redistribuye flujos de inversión a otras regiones del país. Sobre la posibilidad de una reforma a este esquema, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, respondió a este diario que “no tocaremos la Ley de Regalías” ni está en la agenda. En cambio, se buscarán más recursos para canalizar recursos a las regiones mineras y petroleras que cumplan con sus metas individuales de producción.