FUENTE: EL MUNDO
Un total de 55 denuncias por avasallamientos de tierras es lo que ha recibido hasta la fecha el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, institución dirigida por Sergio Imaná. De todas las denuncias, solo hay cuatro desalojos en puerta que se está coordinando con el nuevo comandante departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Dalence. “Son 55 denuncias que están siendo atendidas, muchas de ellas que tienen algún fundamento y están siguiendo su curso legal. Hay otro tanto que no corresponde ni tienen un fundamento legal”, aseveró Imaná.
Existen denuncias de avasallamientos en distintas zonas del departamento, tales como la Chiquitanía y Cordillera. Consultado sobre el porqué solo en cuatro casos están en puerta de desalojo, Sergio Imaná indicó que los demás casos son para analizar y se requieren inspecciones, evaluaciones e informes técnicos. Una de las últimas denuncias fue la del agricultor Tomás Juchani en el municipio de Pailón.
Allí 39 familias se asentaron bajo el argumento de que la tierra es para quien la trabaja. Sobre los cuestionamientos por la entrega de 30 resoluciones de asentamientos en el municipio de San Miguel, el director del INRA dijo que entre los beneficiados hay gente que es oriunda de la zona y otras que no lo son. Antes el alcalde Óscar Hugo Dorado había denunciado que todas las resoluciones de asentamientos eran para beneficio de gente que no es de la zona. Con relación al tema de Ascensión de Guarayos, Imaná dijo que no es un problema por tierras sino un problema entre la dirigencia de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (Copnag).
Un total de 55 denuncias por avasallamientos de tierras es lo que ha recibido hasta la fecha el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, institución dirigida por Sergio Imaná. De todas las denuncias, solo hay cuatro desalojos en puerta que se está coordinando con el nuevo comandante departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Dalence. “Son 55 denuncias que están siendo atendidas, muchas de ellas que tienen algún fundamento y están siguiendo su curso legal. Hay otro tanto que no corresponde ni tienen un fundamento legal”, aseveró Imaná.
Existen denuncias de avasallamientos en distintas zonas del departamento, tales como la Chiquitanía y Cordillera. Consultado sobre el porqué solo en cuatro casos están en puerta de desalojo, Sergio Imaná indicó que los demás casos son para analizar y se requieren inspecciones, evaluaciones e informes técnicos. Una de las últimas denuncias fue la del agricultor Tomás Juchani en el municipio de Pailón.
Allí 39 familias se asentaron bajo el argumento de que la tierra es para quien la trabaja. Sobre los cuestionamientos por la entrega de 30 resoluciones de asentamientos en el municipio de San Miguel, el director del INRA dijo que entre los beneficiados hay gente que es oriunda de la zona y otras que no lo son. Antes el alcalde Óscar Hugo Dorado había denunciado que todas las resoluciones de asentamientos eran para beneficio de gente que no es de la zona. Con relación al tema de Ascensión de Guarayos, Imaná dijo que no es un problema por tierras sino un problema entre la dirigencia de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (Copnag).