FUENTE: PÁGINA SIETE
El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Agustín Choque, fue remitido la noche de este domingo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y Clemente Colque y Paulino Layme al penal de Patacamaya. Son acusados y detenidos preventivamente por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría. Esta madrugada, el presidente de la Fencomin, Carlos Mamani, y los mineros Carlos Castro, René Cochi, Silvestre Flores y Roberto Durán, fueron enviados a Chonchocoro.
El también cooperativista minero Julián Pinto fue remitido a la cárcel de Patacamaya. Son acusados de ocasionar la muerte del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, el pasado jueves en la localidad de Panduro.
El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, informó que Choque, Colque y Layme fueron enviados a la cárcel porque son supuestamente son los autores de la muerte de Illanes. "Enmarcado en la objetividad y la legalidad, el Ministerio Público colectó una serie de indicios y declaraciones testificales que permitieron establecer la probable autoría de los tres imputados en los delitos, por lo que la autoridad jurisdiccional valoró la carga de la prueba y determinó la detención preventiva como medida extrema”, añadió. En la audiencia de medidas cautelares, los fiscales detallaron que en el bloqueo instalado el pasado jueves en Panduro fue victimado Illanes, quien se dirigió a esa localidad, junto a su edecán y chofer, a fin de mediar en el conflicto.
El Ministerio Público, de acuerdo con un boletín oficial, indicó que un centenar de cooperativistas mineros secuestraron al Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes. Según lo detallado por la comisión de fiscales, la participación de los imputados en el asesinato se estableció con base a indicios y declaraciones testificales que evidencian que estuvieron presentes al momento del secuestro y posterior muerte del Viceministro, tras varios golpes propinados.
En cuanto al delito de robo agravado, el Ministerio Público aseguró que los imputados ingresaron violentamente en el vehículo del viceministro Illanes para sustraer sus objetos personales, además del arma de reglamento del edecán de la extinta autoridad. Respecto al delito de organización criminal, la comisión de fiscales precisó que los imputados convocaron a una masiva movilización de cooperativistas mineros, con la finalidad de que se alcen en armas. Asimismo, la investigación identificó que los imputados incurrieron en el delito de tenencia y porte o portación ilícita debido a que en el lugar de los hechos manipularon explosivos contra los efectivos policiales.
En cuanto al delito de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, los fiscales demostraron que los imputados lanzaban explosivos con ondas, lo que ocasionó daño físico en gran cantidad de efectivos policiales. Ante lo expuesto, los fiscales fundamentaron los riesgos procesales, tales como: Peligro de obstaculización ya que los imputados podrán modificar, destruir y ocultar la prueba. También se argumentó que los imputados pueden influir en las bases de los mineros que se encontraban en el lugar de los hechos para que se comporten de manera reticente y declaren falsamente. En esa dirección, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva toda vez que concurren los riesgos procesales descritos, además de la falta de un arraigo natural y social.
El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Agustín Choque, fue remitido la noche de este domingo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y Clemente Colque y Paulino Layme al penal de Patacamaya. Son acusados y detenidos preventivamente por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría. Esta madrugada, el presidente de la Fencomin, Carlos Mamani, y los mineros Carlos Castro, René Cochi, Silvestre Flores y Roberto Durán, fueron enviados a Chonchocoro.
El también cooperativista minero Julián Pinto fue remitido a la cárcel de Patacamaya. Son acusados de ocasionar la muerte del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, el pasado jueves en la localidad de Panduro.
El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, informó que Choque, Colque y Layme fueron enviados a la cárcel porque son supuestamente son los autores de la muerte de Illanes. "Enmarcado en la objetividad y la legalidad, el Ministerio Público colectó una serie de indicios y declaraciones testificales que permitieron establecer la probable autoría de los tres imputados en los delitos, por lo que la autoridad jurisdiccional valoró la carga de la prueba y determinó la detención preventiva como medida extrema”, añadió. En la audiencia de medidas cautelares, los fiscales detallaron que en el bloqueo instalado el pasado jueves en Panduro fue victimado Illanes, quien se dirigió a esa localidad, junto a su edecán y chofer, a fin de mediar en el conflicto.
El Ministerio Público, de acuerdo con un boletín oficial, indicó que un centenar de cooperativistas mineros secuestraron al Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes. Según lo detallado por la comisión de fiscales, la participación de los imputados en el asesinato se estableció con base a indicios y declaraciones testificales que evidencian que estuvieron presentes al momento del secuestro y posterior muerte del Viceministro, tras varios golpes propinados.
En cuanto al delito de robo agravado, el Ministerio Público aseguró que los imputados ingresaron violentamente en el vehículo del viceministro Illanes para sustraer sus objetos personales, además del arma de reglamento del edecán de la extinta autoridad. Respecto al delito de organización criminal, la comisión de fiscales precisó que los imputados convocaron a una masiva movilización de cooperativistas mineros, con la finalidad de que se alcen en armas. Asimismo, la investigación identificó que los imputados incurrieron en el delito de tenencia y porte o portación ilícita debido a que en el lugar de los hechos manipularon explosivos contra los efectivos policiales.
En cuanto al delito de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, los fiscales demostraron que los imputados lanzaban explosivos con ondas, lo que ocasionó daño físico en gran cantidad de efectivos policiales. Ante lo expuesto, los fiscales fundamentaron los riesgos procesales, tales como: Peligro de obstaculización ya que los imputados podrán modificar, destruir y ocultar la prueba. También se argumentó que los imputados pueden influir en las bases de los mineros que se encontraban en el lugar de los hechos para que se comporten de manera reticente y declaren falsamente. En esa dirección, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva toda vez que concurren los riesgos procesales descritos, además de la falta de un arraigo natural y social.