Después de que esta semana, un tribunal del Estados Unidos le volviera a dar la razón a Chevron en el caso de Ecuador, impidiendo que los demandantes puedan hacer efectivo el cobro de los 9.500 millones de multa por contaminación, los demandantes miran ahora hacia un nuevo juicio en Canadá.
Fuente: Energía 16‎
   
"Tenemos mucha confianza en Canadá dado que la Corte Suprema ha dictaminado sobre los asuntos más importantes, se nota en el lenguaje que está apoyando a los afectados y los jueces son conscientes allá de cómo Chevron está abusando para demorar el caso", apuntó el abogado estadounidense Steven Donziger, que representa a los afectados.
 
Dozinger, que lleva 20 años con este caso, indicó que "el tiempo que va a demorar una sentencia creemos que es tres años para que haya un dictamen final en Canadá".
 
Hoy está prevista una audiencia que podría dar paso a un juicio en el que el tema central será si es ejecutable en ese país el fallo de la corte ecuatoriana de 2011, que obligaba a Ecuador a pagar 9.500 millones de dólares en concepto de reparación económica a Texaco por haber contaminado las aguas con sus prácticas extractivas entre 19964 y 1992.
 
Tras la primera instancia hay dos posibilidades de apelación. Chevron ha mantenido que los demandantes no pueden ejecutar el fallo en otros países ni afectar los intereses de sus subsidiarias en el extranjero. "Si perdemos en Canadá hay otros países donde se puede ir con los afectados, no sé en qué estado de ánimo estarán para seguir adelante", indicó Donziger.
 
El portavoz de Chevron, Morgan Crinklaw, apuntó que la sentencia en Ecuador "es producto de fraude y no es ejecutable en Estados Unidos". Y continuó: "Donzinger y su equipo violaron leyes federales contra la extorsión, y cometieron chantaje, fraude electrónico, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia para obtener la sentencia ecuatoriana y para tratar de encubrir sus crímenes".
 
Añadió que "confiamos en que cualquier jurisdicción que respete el Estado de Derecho, también encontrará que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable".