FUENTE: CAMBIO
Este fue calificado como infundado por la Procuraduría General del Estado (PGE). Mediante Decreto Supremo 29026, del 7 de febrero de 2007, se revirtió a dominio de Bolivia la fundición de estaño “Complejo Metalúrgico Vinto”, en Oruro, señala la PGE, De igual forma, el Decreto Supremo 1264, del 20 de junio de 2012, dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asuma el control del Centro Minero Colquiri.
Las dos empresas fueron enajenadas al Estado boliviano a favor de la Compañía Minera del Sur S.A. (Comsur) durante la gestión del expresidente Hugo Banzer Suárez. La licitación y arrendamiento de Vinto se ejecutó de forma irregular, tomando en cuenta que la empresa de fundición se vendió en 90% por debajo de su costo real. En el caso de Colquiri, el Estado tuvo que intervenir ante el conflicto de áreas de trabajo entre cooperativistas y trabajadores asalariados. “La Procuraduría General del Estado asumirá la defensa y representación jurídica del Estado boliviano, desnudando una serie de posibles irregularidades”, sostiene la entidad.
Este fue calificado como infundado por la Procuraduría General del Estado (PGE). Mediante Decreto Supremo 29026, del 7 de febrero de 2007, se revirtió a dominio de Bolivia la fundición de estaño “Complejo Metalúrgico Vinto”, en Oruro, señala la PGE, De igual forma, el Decreto Supremo 1264, del 20 de junio de 2012, dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asuma el control del Centro Minero Colquiri.
Las dos empresas fueron enajenadas al Estado boliviano a favor de la Compañía Minera del Sur S.A. (Comsur) durante la gestión del expresidente Hugo Banzer Suárez. La licitación y arrendamiento de Vinto se ejecutó de forma irregular, tomando en cuenta que la empresa de fundición se vendió en 90% por debajo de su costo real. En el caso de Colquiri, el Estado tuvo que intervenir ante el conflicto de áreas de trabajo entre cooperativistas y trabajadores asalariados. “La Procuraduría General del Estado asumirá la defensa y representación jurídica del Estado boliviano, desnudando una serie de posibles irregularidades”, sostiene la entidad.