Fuente: Ultima Hora
El presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, estimó que el próximo viernes ya tendrían hechas las consultas con cinco estudios jurídicos prestigiosos de París, Francia, a fin de que puedan intervenir en el marco de la defensa de la empresa, a fin de entender ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que reclama el pago de una deuda vencida de 265 millones de dólares más intereses.
Sobre el costo que demandará esta contratación de especialista, dijo que eso aún está por ser definido.
Explicó que los mencionados abogados de la empresa entrevistarán a despachos jurídicos que tengan experiencia, a fin de ver cuál es la mejor opción.
“Nuestro criterio es que acá tiene que primar el Acuerdo Energético de Caracas y cualquier documento o cláusula contraria para nosotros no es válida”, subrayó.
Jara Rojas sostuvo que Pdvsa está tomando documentos que para Petropar son nulos, a fin de resolver conflictos entre las partes.
Refirió que la empresa entiende que tampoco corresponde que la CCI sea instancia competente para resolver, a partir de lo que establece el acuerdo vigente.
“Cuando recibimos la notificación consultamos con abogados internos y externos muy entendidos, nos dijeron que esa argumentación de que la CCI no tiene competencia se debe hacer ante esta instancia”, enfatizó.
COSTO. Insistido sobre cuánto le costará a Petropar la contratación de profesionales franceses, dijo que eso se definirá luego de las entrevistas que harán los abogados Irún y Álvarez y el panorama sobre el proceso abierto ante la CCI.
“Recién luego de conocer todo lo conversado vamos a saber cuánto puede costar. Lo que ya dije a los medios es que, para mí, sería un máximo de dos millones y medio de dólares, pero eso solo en el caso de que el proceso termine en dos o más años”, recalcó.
El presidente de la estatal de combustibles dijo que el presidente Horacio Cartes les instruyó a que tomen todas las precauciones en este proceso, a fin de dar el paso correcto. Finalmente, apuntó que no pueden correr el riesgo de no intervenir y dejar de responder a la CCI, que puede declararse competente en este caso.