FUENTE: LA PRENSA
Para Fernández, el Gobierno, en su afán de “quedar bien” con la Central Obrera Boliviana (COB), vulneró el principio de igualdad y el reconocimiento a la igualdad jurídica de todas las organizaciones económicas, establecidos en los artículos 14 y 311, respectivamente, de la Constitución Política del Estado (CPE). “Existe un claro intento de discriminación que motiva la inconstitucionalidad de este decreto por afectar este principio de seguridad jurídica ya establecido en nuestra Constitución. Ante estos hechos, el Decreto 2822 no genera ningún efecto concreto en lo que respecta a la normativa que regula al sector empresarial privado”, afirmó Fernández en una conferencia de prensa. Añadió que el decreto sólo busca “la conciliación mediática” entre el Gobierno y la COB para “distraer” al ente matriz.
También argumentó que el Código de Comercio está por encima del decreto por el principio de supremacía. “Dispone que una asociación comercial o comerciante individual que se encuentra en cesación de pagos o imposibilidad de pagos de obligaciones contraídas podrá de forma momentánea, temporal o definitiva acogerse a la quiebra y finalizar su actividad comercial”, explicó.
El miércoles, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2822 en el compromiso de asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores. La norma surgió de las mesas de negociación con la COB. Fernández no descartó la posibilidad de presentar, a través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, un recurso de inconstitucionalidad. Mesas de trabajo La directora de la CDI, Cristhy Wilstermann, informó que el miércoles, con la exposición de problemáticas, se inició el debate en la mesa de productividad, la primera de seis mesas de diálogo que se establecieron hace medio año con el Gobierno.
Para Fernández, el Gobierno, en su afán de “quedar bien” con la Central Obrera Boliviana (COB), vulneró el principio de igualdad y el reconocimiento a la igualdad jurídica de todas las organizaciones económicas, establecidos en los artículos 14 y 311, respectivamente, de la Constitución Política del Estado (CPE). “Existe un claro intento de discriminación que motiva la inconstitucionalidad de este decreto por afectar este principio de seguridad jurídica ya establecido en nuestra Constitución. Ante estos hechos, el Decreto 2822 no genera ningún efecto concreto en lo que respecta a la normativa que regula al sector empresarial privado”, afirmó Fernández en una conferencia de prensa. Añadió que el decreto sólo busca “la conciliación mediática” entre el Gobierno y la COB para “distraer” al ente matriz.
También argumentó que el Código de Comercio está por encima del decreto por el principio de supremacía. “Dispone que una asociación comercial o comerciante individual que se encuentra en cesación de pagos o imposibilidad de pagos de obligaciones contraídas podrá de forma momentánea, temporal o definitiva acogerse a la quiebra y finalizar su actividad comercial”, explicó.
El miércoles, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2822 en el compromiso de asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores. La norma surgió de las mesas de negociación con la COB. Fernández no descartó la posibilidad de presentar, a través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, un recurso de inconstitucionalidad. Mesas de trabajo La directora de la CDI, Cristhy Wilstermann, informó que el miércoles, con la exposición de problemáticas, se inició el debate en la mesa de productividad, la primera de seis mesas de diálogo que se establecieron hace medio año con el Gobierno.