FUENTE: EL DEBER
Un nuevo cuarto intermedio marcó un fin de semana de negociaciones entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. El cierre de Enatex está confirmado, hay tres acuerdos que benefician a los cobistas que marcaron el avance, pero también hay estancamiento en un punto: el régimen laboral para los empleados de Senatex, la empresa que reemplazará a la que fue cerrada.
El diálogo se retomó tras huelgas de 24, 48 y 72 horas, y luego de una semana en la que tras tres días de protesta fueron detenidos más de 70 dirigentes y al menos 12 personas, entre policías y cobistas, quedaron heridas en enfrentamientos. Los dirigentes del máximo ente sindical exigen que sea la Ley General del Trabajo, mientras que el Ejecutivo propone un régimen especial transitorio, que se utilice por un tiempo, mientras se levanta la empresa y se le consigue mercados, explicó el vicepresidente Álvaro García Linera.
El tema, sin embargo, va más allá. Los 10 dirigentes que asistieron ayer indicaron que los 180 trabajadores que ún no recibieron sus finiquitos en la exempresa Enatex volverán a su fuente laboral, pero el Gobierno no lo ve de la misma manera. El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, señaló que “nos estancamos en el punto sobre a qué régimen pertenecerán los 180 compañeros; sin embargo, mañana veremos estudios técnicos que hizo el Gobierno para la migración de nuestros compañeros. Lo que sí, debe ser a la Ley General del Trabajo. Lo que nos interesa es la estabilidad laboral garantizada de todos ellos”, señaló. El vicepresidente Álvaro García Linera planteó todo lo contrario.
“Contrataremos personas en función de los requerimientos que tiene la empresa, en función de áreas específicas procederemos a la contratación de personal especializado. No le puedo decir quiénes serán, pero debe ser en función de las necesidades”, señaló. Otra fuente gubernamental reveló que no serán más de 100 personas, y que no serán los separados de Enatex. Entre los acuerdos cerrados, el Decreto Supremo 2765 no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que justifique algún tipo de despido. Los trabajadores de las empresas productivas estatales permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo. Mientras, García Linera confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público y que derivará en una nueva norma que deberá ser aprobada por la Asamblea cuanto antes
Un nuevo cuarto intermedio marcó un fin de semana de negociaciones entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. El cierre de Enatex está confirmado, hay tres acuerdos que benefician a los cobistas que marcaron el avance, pero también hay estancamiento en un punto: el régimen laboral para los empleados de Senatex, la empresa que reemplazará a la que fue cerrada.
El diálogo se retomó tras huelgas de 24, 48 y 72 horas, y luego de una semana en la que tras tres días de protesta fueron detenidos más de 70 dirigentes y al menos 12 personas, entre policías y cobistas, quedaron heridas en enfrentamientos. Los dirigentes del máximo ente sindical exigen que sea la Ley General del Trabajo, mientras que el Ejecutivo propone un régimen especial transitorio, que se utilice por un tiempo, mientras se levanta la empresa y se le consigue mercados, explicó el vicepresidente Álvaro García Linera.
El tema, sin embargo, va más allá. Los 10 dirigentes que asistieron ayer indicaron que los 180 trabajadores que ún no recibieron sus finiquitos en la exempresa Enatex volverán a su fuente laboral, pero el Gobierno no lo ve de la misma manera. El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, señaló que “nos estancamos en el punto sobre a qué régimen pertenecerán los 180 compañeros; sin embargo, mañana veremos estudios técnicos que hizo el Gobierno para la migración de nuestros compañeros. Lo que sí, debe ser a la Ley General del Trabajo. Lo que nos interesa es la estabilidad laboral garantizada de todos ellos”, señaló. El vicepresidente Álvaro García Linera planteó todo lo contrario.
“Contrataremos personas en función de los requerimientos que tiene la empresa, en función de áreas específicas procederemos a la contratación de personal especializado. No le puedo decir quiénes serán, pero debe ser en función de las necesidades”, señaló. Otra fuente gubernamental reveló que no serán más de 100 personas, y que no serán los separados de Enatex. Entre los acuerdos cerrados, el Decreto Supremo 2765 no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que justifique algún tipo de despido. Los trabajadores de las empresas productivas estatales permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo. Mientras, García Linera confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público y que derivará en una nueva norma que deberá ser aprobada por la Asamblea cuanto antes