FUENTE: JORNADA
Morales explicó que las viviendas recuperadas con la nueva norma serán reasignadas a familias que en realidad necesiten una casa para vivir. "Estamos a punto de lograr la aprobación en la Asamblea Legislativa de una ley denominada Ley de Pérdida de Beneficio. Con esta ley todas las viviendas observadas, esas familias observadas que no ocupan sus viviendas, que la han abandonado o que las dieron en alquiler, las podremos recuperar para el Estado y reasignar", informó. Precisó que hasta el momento se identificaron 4.000 viviendas sin uso social del Ex FONVIS y unas 2.000 desde 2006, cuando el gobierno del presidente Evo Morales comenzó programas de vivienda social.
"Debemos reflexionar a aquellas familias que no le den el uso social a las viviendas, tenemos que sancionar a las familias que teniendo viviendas se adjudican una vivienda del Estado, y tenemos que recuperar estas viviendas para que nuevamente podamos reasignar a otra familia que requiera", subrayó. Adelantó que esa propuesta comenzará a mecanizarse desde agosto de este año, después de que el Órgano Legislativo apruebe la nueva norma. "Sin embargo vamos a implementar mecanismos para lograr revisar todos los proyectos y aplicar la norma en todas las casas desde 2006", advirtió.
Cobro irregular De otra parte, Morales informó que ese despacho se querelló contra tres funcionarios de la Agencia Estatal de Vivienda por intento de cobro irregular de 100.000 bolivianos a una empresa constructora en la ciudad de Cobija, Pando. Explicó que los tres funcionarios serán procesados en Cobija por incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, cohecho pasivo propio, falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado.
"Estas tres personas en este momento están siendo demandadas en la ciudad de Cobija, se les está iniciando un proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, cohecho pasivo propio, falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado", informó. Precisó que los funcionarios acusados de la Agencia de Vivienda son el ex responsable de proyectos, William Gonzales, el ex profesional jurídico, Carlos Saavedra, y el ex director departamental de Pando, Juan Carlos Reynols.
Explicó que se identificó la irregularidad a través de una funcionaria pública de la Agencia de Vivienda y tras la denuncia de la empresa afectada: LyB Construcciones y Diseño. Dijo que esa empresa concluyó la construcción de 34 viviendas en Cobija "sin observaciones" y el cobro irregular tenía que darse en la última fase antes de la entrega de la obra. "Quiero informar que nuestro Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda y la Agencia de Vivienda continuarán, en la medida que podamos encontrar estos casos, vamos a ser los primeros en que esto se puede revertir y procesar y se pueda mandar a la cárcel a estos malos servidores", advirtió.
Morales explicó que las viviendas recuperadas con la nueva norma serán reasignadas a familias que en realidad necesiten una casa para vivir. "Estamos a punto de lograr la aprobación en la Asamblea Legislativa de una ley denominada Ley de Pérdida de Beneficio. Con esta ley todas las viviendas observadas, esas familias observadas que no ocupan sus viviendas, que la han abandonado o que las dieron en alquiler, las podremos recuperar para el Estado y reasignar", informó. Precisó que hasta el momento se identificaron 4.000 viviendas sin uso social del Ex FONVIS y unas 2.000 desde 2006, cuando el gobierno del presidente Evo Morales comenzó programas de vivienda social.
"Debemos reflexionar a aquellas familias que no le den el uso social a las viviendas, tenemos que sancionar a las familias que teniendo viviendas se adjudican una vivienda del Estado, y tenemos que recuperar estas viviendas para que nuevamente podamos reasignar a otra familia que requiera", subrayó. Adelantó que esa propuesta comenzará a mecanizarse desde agosto de este año, después de que el Órgano Legislativo apruebe la nueva norma. "Sin embargo vamos a implementar mecanismos para lograr revisar todos los proyectos y aplicar la norma en todas las casas desde 2006", advirtió.
Cobro irregular De otra parte, Morales informó que ese despacho se querelló contra tres funcionarios de la Agencia Estatal de Vivienda por intento de cobro irregular de 100.000 bolivianos a una empresa constructora en la ciudad de Cobija, Pando. Explicó que los tres funcionarios serán procesados en Cobija por incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, cohecho pasivo propio, falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado.
"Estas tres personas en este momento están siendo demandadas en la ciudad de Cobija, se les está iniciando un proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, cohecho pasivo propio, falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado", informó. Precisó que los funcionarios acusados de la Agencia de Vivienda son el ex responsable de proyectos, William Gonzales, el ex profesional jurídico, Carlos Saavedra, y el ex director departamental de Pando, Juan Carlos Reynols.
Explicó que se identificó la irregularidad a través de una funcionaria pública de la Agencia de Vivienda y tras la denuncia de la empresa afectada: LyB Construcciones y Diseño. Dijo que esa empresa concluyó la construcción de 34 viviendas en Cobija "sin observaciones" y el cobro irregular tenía que darse en la última fase antes de la entrega de la obra. "Quiero informar que nuestro Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda y la Agencia de Vivienda continuarán, en la medida que podamos encontrar estos casos, vamos a ser los primeros en que esto se puede revertir y procesar y se pueda mandar a la cárcel a estos malos servidores", advirtió.