Fuente: LA PRENSA
El presidente socialista François Hollande convocó a un Consejo de ministros extraordinario, que autorizó el recurso a un artículo de la Constitución, el 49.3, que permite evitar el voto parlamentario invocando la responsabilidad del Gobierno. En tal caso, según la Constitución, la ley es adoptada salvo si se presenta y adopta una moción de censura al Gobierno.
El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo no temer que su Gobierno pueda ser derribado por la moción de censura presentada contra él tras haberse saltado el voto de la Asamblea Nacional en la aprobación de su reforma laboral. “Para mí lo que cuenta no es la aritmética, sino el poder reformar”, dijo.
Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012. Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían a favor del texto. Dado que sin ellos no tendría mayoría, el Gobierno decidió recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.
La oposición de derecha presentó inmediatamente una moción de censura, que será debatida el jueves, y exhortó a los diputados de izquierda hostiles al proyecto a ser “coherentes” y a votarla. Los comunistas y el dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon llamaron también a censurar al Gobierno.
Los diputados socialistas llamados “rebeldes”, por oponerse al giro liberal de la política de Hollande, podrían ser reticentes a hacer caer al Gobierno, pero esa hipótesis no está totalmente excluida. Uno de ellos, Christian Paul, indicó que van a reunirse para decidir “colectivamente” su posición. Según el Gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.
Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados. Fuentes del Gobierno socialista anunciaron ayer que una de las medidas más polémicas del proyecto de ley, el despido por motivos económicos, no será finalmente incluido. Las grandes empresas francesas no podrán por lo tanto, como estaba inicialmente contemplado, limitarse a presentar dificultades en sus filiales dentro del país para despedir a sus trabajadores.
“INSULTO POPULAR”
Desde hace dos meses, sindicatos de asalariados y de estudiantes se manifiestan contra el proyecto. En el marco de esa movilización nació el movimiento ciudadano Noche en Pie, que ocupa la emblemática plaza de la República de París y otras plazas en diversas ciudades del país.
No bien se anunció la decisión del Gobierno, Noche en Pie, afirmó en un comunicado que la adopción de la ley laboral sin voto del Parlamento es “un insulto al pueblo”. Por su parte, el sindicato CGT calificó en un comunicado de “verdadera vergüenza”.
El presidente socialista François Hollande convocó a un Consejo de ministros extraordinario, que autorizó el recurso a un artículo de la Constitución, el 49.3, que permite evitar el voto parlamentario invocando la responsabilidad del Gobierno. En tal caso, según la Constitución, la ley es adoptada salvo si se presenta y adopta una moción de censura al Gobierno.
El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo no temer que su Gobierno pueda ser derribado por la moción de censura presentada contra él tras haberse saltado el voto de la Asamblea Nacional en la aprobación de su reforma laboral. “Para mí lo que cuenta no es la aritmética, sino el poder reformar”, dijo.
Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012. Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían a favor del texto. Dado que sin ellos no tendría mayoría, el Gobierno decidió recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.
La oposición de derecha presentó inmediatamente una moción de censura, que será debatida el jueves, y exhortó a los diputados de izquierda hostiles al proyecto a ser “coherentes” y a votarla. Los comunistas y el dirigente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon llamaron también a censurar al Gobierno.
Los diputados socialistas llamados “rebeldes”, por oponerse al giro liberal de la política de Hollande, podrían ser reticentes a hacer caer al Gobierno, pero esa hipótesis no está totalmente excluida. Uno de ellos, Christian Paul, indicó que van a reunirse para decidir “colectivamente” su posición. Según el Gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.
Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados. Fuentes del Gobierno socialista anunciaron ayer que una de las medidas más polémicas del proyecto de ley, el despido por motivos económicos, no será finalmente incluido. Las grandes empresas francesas no podrán por lo tanto, como estaba inicialmente contemplado, limitarse a presentar dificultades en sus filiales dentro del país para despedir a sus trabajadores.
“INSULTO POPULAR”
Desde hace dos meses, sindicatos de asalariados y de estudiantes se manifiestan contra el proyecto. En el marco de esa movilización nació el movimiento ciudadano Noche en Pie, que ocupa la emblemática plaza de la República de París y otras plazas en diversas ciudades del país.
No bien se anunció la decisión del Gobierno, Noche en Pie, afirmó en un comunicado que la adopción de la ley laboral sin voto del Parlamento es “un insulto al pueblo”. Por su parte, el sindicato CGT calificó en un comunicado de “verdadera vergüenza”.