Fuente: DEBER
El destape de los papeles de Panamá llegó a Bolivia, pues el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la lista de 95 empresas nacionales vinculadas con este tema. Según los documentos, la primera firma registrada en Panamá data de 1994 y la última fue realizada en marzo de 2015. En el informe también se detalla los nombres de 43 empresarios (officers) bolivianos, la de 20 intermediarios, grupos encargados de la constitución legal de las empresas, de las 95 compañías solo 35 presentan una dirección en Bolivia con un predominio de las que tienen oficinas en La Paz. Sobre el motivo de la apertura de este tipo de empresas desde el sector empresarial explicaron que son varios.
Está la búsqueda de contar con efectivo al instante y a su vez el de lograr algún ingreso extra por el pago de las tasas de interés. Otra causa es que en ciertos países las condiciones financieras son más tentadoras que las del país. También se hizo notar que la evasión impositiva y el lavado de dinero producto del narcotráfico son otros de las razones de su existencia. Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, indicó que no se puede generalizar y considerar que todas esas empresas realizan actos ilegales, por lo que lo más atinado es investigar caso por caso y ver por qué han actuado de esa manera. Los arquitectos legales En la constitución de estas empresas el rol de los intermediarios es clave, fuentes del sector judicial explicaron que los consorcios de abogados son contratados para realizar el trabajo y por ello no pueden ser criminalizados. Héctor Pacheco, experto en comercio exterior, sostuvo que la búsqueda de mejores condiciones tributarias no puede ser considerada un delito.
El consorcio Indacochea & Asociados, que aparece en la lista de los intermediarios y que según los datos de los papeles de Panamá presto servicio a 17 empresas la mayoría aún en actividad, hizo conocer que es un estudio jurídico que presta servicios de asesoramiento en el área del derecho corporativo desde hace más de 25 años y que entre sus actividades ha colaborado a sus clientes en la constitución de firmas en el exterior dentro de las normas vigentes en el país para la conformación de empresas offshore. Por su parte, Christian Von Borries, del estudio de abogados Von Borries Blanco, otro bufete que figura en los papeles de Panamá y que habría constituido a unas 20 firmas, explicó que básicamente ellos se limitan a constituir una sociedad y a entregar los documentos a su cliente. “No hay ninguna norma que prohíba en Bolivia esta acción. No es una situación ilegal.
Es una operación que realizan muchos clientes para hacer operaciones de comercio internacional, para compras en el exterior. Esas son situaciones que ya están fuera de nuestro control de nuestro conocimiento”, dijo Von Borries. Mauricio Ipiña, del Grupo Legal Ipiña Nagel y Monroy, manifestó que estas sociedades son legales y en el caso de las entidades de Panamá, a parte se ser sociedades legalmente conformadas, en muchos casos han llegado legalmente al país a través de legalizaciones ante el consulado y la cancillería boliviana. “Lo importante de esto es que por encargo de un cliente que conocemos, solicitamos que se constituya la sociedad y actuamos como una especie de intermediarios, pero después de eso lo que hace el cliente con la sociedad es cuestión de ellos”, precisó Ipiña a tiempo de remarcar que han constituido unas 20 empresas, muchas de ellas están inactivas.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que están preparando el viaje a Panamá y que esperan una mayor recolección de información. Guerrero manifestó que por el momento los datos que tienen son los que se dieron a conocer al mediodía de ayer y que no tiene más detalles
El destape de los papeles de Panamá llegó a Bolivia, pues el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la lista de 95 empresas nacionales vinculadas con este tema. Según los documentos, la primera firma registrada en Panamá data de 1994 y la última fue realizada en marzo de 2015. En el informe también se detalla los nombres de 43 empresarios (officers) bolivianos, la de 20 intermediarios, grupos encargados de la constitución legal de las empresas, de las 95 compañías solo 35 presentan una dirección en Bolivia con un predominio de las que tienen oficinas en La Paz. Sobre el motivo de la apertura de este tipo de empresas desde el sector empresarial explicaron que son varios.
Está la búsqueda de contar con efectivo al instante y a su vez el de lograr algún ingreso extra por el pago de las tasas de interés. Otra causa es que en ciertos países las condiciones financieras son más tentadoras que las del país. También se hizo notar que la evasión impositiva y el lavado de dinero producto del narcotráfico son otros de las razones de su existencia. Fernando Cáceres, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, indicó que no se puede generalizar y considerar que todas esas empresas realizan actos ilegales, por lo que lo más atinado es investigar caso por caso y ver por qué han actuado de esa manera. Los arquitectos legales En la constitución de estas empresas el rol de los intermediarios es clave, fuentes del sector judicial explicaron que los consorcios de abogados son contratados para realizar el trabajo y por ello no pueden ser criminalizados. Héctor Pacheco, experto en comercio exterior, sostuvo que la búsqueda de mejores condiciones tributarias no puede ser considerada un delito.
El consorcio Indacochea & Asociados, que aparece en la lista de los intermediarios y que según los datos de los papeles de Panamá presto servicio a 17 empresas la mayoría aún en actividad, hizo conocer que es un estudio jurídico que presta servicios de asesoramiento en el área del derecho corporativo desde hace más de 25 años y que entre sus actividades ha colaborado a sus clientes en la constitución de firmas en el exterior dentro de las normas vigentes en el país para la conformación de empresas offshore. Por su parte, Christian Von Borries, del estudio de abogados Von Borries Blanco, otro bufete que figura en los papeles de Panamá y que habría constituido a unas 20 firmas, explicó que básicamente ellos se limitan a constituir una sociedad y a entregar los documentos a su cliente. “No hay ninguna norma que prohíba en Bolivia esta acción. No es una situación ilegal.
Es una operación que realizan muchos clientes para hacer operaciones de comercio internacional, para compras en el exterior. Esas son situaciones que ya están fuera de nuestro control de nuestro conocimiento”, dijo Von Borries. Mauricio Ipiña, del Grupo Legal Ipiña Nagel y Monroy, manifestó que estas sociedades son legales y en el caso de las entidades de Panamá, a parte se ser sociedades legalmente conformadas, en muchos casos han llegado legalmente al país a través de legalizaciones ante el consulado y la cancillería boliviana. “Lo importante de esto es que por encargo de un cliente que conocemos, solicitamos que se constituya la sociedad y actuamos como una especie de intermediarios, pero después de eso lo que hace el cliente con la sociedad es cuestión de ellos”, precisó Ipiña a tiempo de remarcar que han constituido unas 20 empresas, muchas de ellas están inactivas.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo que están preparando el viaje a Panamá y que esperan una mayor recolección de información. Guerrero manifestó que por el momento los datos que tienen son los que se dieron a conocer al mediodía de ayer y que no tiene más detalles