Fuente: PÁGINA SIETE
El acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Bolivia y Rusia sobre el diseño, construcción y operación del futuro Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear está "herido de muerte” por no haber pasado por el control constitucional, afirmó el abogado Carlos Alarcón. El proyecto tiene vicios de nulidad, agregó.
El también exministro de Justicia explicó que el tratado internacional firmado por Bolivia y Rusia el 6 de marzo en El Alto, no sólo vulnera los procedimientos de control constitucional previo y obligatorio que debiera existir a los acuerdos internacionales, sino que también transgrede los derechos de legisladores y el de los ciudadanos, que podían haber solicitado un referéndum sobre el centro con el 5% de firmas del padrón.
"Sí o sí el control de los tratados de constitucionalidad debe ser previo y obligatorio, porque de lo contrario se corre el riesgo de que entren en vigencia y se incorporen en el ordenamiento jurídico tratados que irían en contradicción a la propia Constitución Política y se afecta el orden básico y fundamental del Estado”, señaló. Aunque fue presentado como un centro de investigación nuclear, el tratado entre Rusia y Bolivia también habla de la producción de energía nuclear en el país con apoyo ruso. El 19 de marzo, Página Siete informó que el Gobierno abre la posibilidad de realizar exploración y explotación de uranio en el país, en el marco del acuerdo bilateral entre Bolivia y Rusia, según el proyecto de Ley 083/16.
"La cooperación se implementará en las siguientes áreas: (...) el estudio de la base de recursos minerales de Bolivia para el desarrollo de su industria nuclear y la posible exploración y explotación de yacimientos de uranio”, refiere la parte de características generales del proyecto de ley Acuerdo entre los gobiernos de Bolivia y de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. El 15 de marzo, la Cámara de Diputados ratificó el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el de Rusia, sobre cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear.
El acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Bolivia y Rusia sobre el diseño, construcción y operación del futuro Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear está "herido de muerte” por no haber pasado por el control constitucional, afirmó el abogado Carlos Alarcón. El proyecto tiene vicios de nulidad, agregó.
El también exministro de Justicia explicó que el tratado internacional firmado por Bolivia y Rusia el 6 de marzo en El Alto, no sólo vulnera los procedimientos de control constitucional previo y obligatorio que debiera existir a los acuerdos internacionales, sino que también transgrede los derechos de legisladores y el de los ciudadanos, que podían haber solicitado un referéndum sobre el centro con el 5% de firmas del padrón.
"Sí o sí el control de los tratados de constitucionalidad debe ser previo y obligatorio, porque de lo contrario se corre el riesgo de que entren en vigencia y se incorporen en el ordenamiento jurídico tratados que irían en contradicción a la propia Constitución Política y se afecta el orden básico y fundamental del Estado”, señaló. Aunque fue presentado como un centro de investigación nuclear, el tratado entre Rusia y Bolivia también habla de la producción de energía nuclear en el país con apoyo ruso. El 19 de marzo, Página Siete informó que el Gobierno abre la posibilidad de realizar exploración y explotación de uranio en el país, en el marco del acuerdo bilateral entre Bolivia y Rusia, según el proyecto de Ley 083/16.
"La cooperación se implementará en las siguientes áreas: (...) el estudio de la base de recursos minerales de Bolivia para el desarrollo de su industria nuclear y la posible exploración y explotación de yacimientos de uranio”, refiere la parte de características generales del proyecto de ley Acuerdo entre los gobiernos de Bolivia y de la Federación de Rusia sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. El 15 de marzo, la Cámara de Diputados ratificó el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el de Rusia, sobre cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear.