WILSON AGUILAR - LOS TIEMPOS
 

Los datos están contenidos en un estudio que realiza Enrique Araníbar Bacarreza, economista, para la Fundación Vicente Pazos Kanki, sobre las contrataciones estatales y modalidades de adjudicación. Este estudio está inserto en una obra del también investigador Diego Ayo, trabajo próximo a publicarse.

 

Los números, que tienen como fuente base el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), se hallan en sintonía con otro reportaje de este medio publicado el pasado 8 de marzo, que demuestra (con datos también del Sicoes) que el 63 por ciento de los recursos destinados a obras públicas desde el 22 de enero de 2005 hasta la anterior fecha se adjudicaron en forma de contratos directos.

 

Según el estudio de Araníbar y Ayo, “comparativamente, las contrataciones directas se tornaron más importantes que las licitaciones públicas superándolas en valor desde 2012”. En 2004, la cuantía de las licitaciones y las contrataciones directas fue de 3.776, 9 millones de bolivianos y 0,6 millones respectivamente, una diferencia significativa favorable hacia las licitaciones, situación que cambió progresivamente.

 

En 2009, las contrataciones directas superaron los mil millones de bolivianos; en 2013, eran 7.491,9 millones y en 2015, 11.772,7 millones. En cambio las licitaciones bajaron de 7.542,3 millones de bolivianos en 2009 a 2.846,7 millones en 2013 y a 4,8 millones en 2015.

 

Según los datos, la modalidad que muestra menor participación correspondió a licitación, contratación por excepción y directa, siendo otras las modalidades más contratadas.

 

Desde 2007, año de la promulgación del Decreto Supremo 29190, la contratación para apoyo nacional a la producción fue la más importante, aunque desde 2013 hasta 2015 perdió preponderancia.

 

La cantidad de licitaciones, como proporción total, tendió a bajar de 2005 a 2015. En 2004 representó el 23,6 por ciento del total de contrataciones; en 2006 fue 14 por ciento; en 2009, 5,1 por ciento, y en 2015 sólo 1,8 por ciento. En la misma proporción, pero en sentido contrario, las contrataciones directas pasan del 3,4 por ciento en 2008 a 20,1 por ciento en 2015.

 

Los contratos por excepción se mantuvieron constantes aunque en el periodo de estudio nunca tuvieron participación mayor al 3,9 por ciento. El Sicoes reporta la categoría “otras modalidades” (definidas por el organismo financiador o normativa) que empezó a tener mayor cantidad de contratos en 2007 y una participación promedio hasta 2015 de 3,2 por ciento.

 

En términos absolutos, el total de contratos por licitación pública se mantuvo relativamente constante.

 

En cambio la categoría de “otras modalidades” pasó de ser casi inexistente, con dos contratos en 2005 a 12 en 2007, más de 1.000 en 2010 y superior a 2.200 desde 2012 hasta 2015.

 

 

 

15 MIL CONTRATOS DIRECTOS EN 2014

 

Según el estudio, la compra de bienes y servicios de forma directa registró dos contratos en 2004 y siete en 2006. Pero en 2007, tras el cambio de norma, subió hasta 127 (crecimiento de 1.714,3 por ciento).

 

Desde entonces, ascendieron de manera constante las contrataciones directas hasta llegar a un máximo de 14.908 en 2014, con tasas de crecimiento anuales superiores al 50 por ciento, con excepción de 2012 que fue menor y 2015 que decreció.

 

Las licitaciones públicas subieron de 2004 a 2007 para luego descender hasta 2010, año en que por primera vez las contrataciones directas superaron al número de licitaciones. Entre 2005 y 2015, el crecimiento promedio de  las contrataciones directas fue de 297,2 por ciento comparado con el 8,2 por ciento de las licitaciones.

 

 

 

LOS CONTRATOS DIRECTOS SUBIERON EN CANTIDAD Y VALOR

 

Desde 2012, las licitaciones públicas son menos que 10%

 

Al igual que la cifra de contratos, los montos asignados a la compra de bienes y servicios aumentaron significativamente entre 2004 y 2015.

 

En 2005, las contrataciones totalizaron 4.951,1 millones de bolivianos; en 2006 fueron 9.416,8 millones; en 2008, 16.174,1 millones y desde 2012 superaron los 20.900 millones equivalente a 3.000 millones de dólares.

 

Inicialmente, la mayor parte de los recursos se destinaron a contrataciones por licitaciones públicas .

 

Desde 2008, las contrataciones directas, “otras modalidades” y por excepción ganaron relevancia a ritmo acelerado, con montos mucho mayores que las licitaciones. Algo curioso, no sólo los montos destinados a las modalidades que no requieren convocatoria pública aumentaron, sino que el de las licitaciones cayó.

 

El gasto destinado a contrataciones de bienes y servicios por licitación pública fue casi nulo en 2014 y 2015 lo que llama la atención ya que la cantidad de recursos totales para este fin creció principalmente desde 2006 año en que asumió la presidencia Evo Morales Ayma.

 

En 2009, cambió la tendencia de las modalidades así como su participación, una vez modificadas las Normas Básicas–Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS). De un 78,9 por ciento del total que representaron las licitaciones en 2003 se pasó a 69,8 por ciento  en 2007, a 50,9 por ciento en 2009 y a 30,7 por ciento en 2011. Desde 2012 su participación se mantuvo por debajo del 10 por ciento.

 

En 2007, se realizó el primer cambio importante a las NB-SABS, pero fundamentalmente en 2009 cuando se dieron mayores facilidades a las modalidades directas y por excepción principalmente mediante las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE).

 

Así como los montos usados en compras mediante licitación cayeron el resto de las modalidades fueron ganando espacio paulatinamente, en especial las contrataciones directas, por excepción y otras.

 

En 2004, 2005, 2006 las contrataciones directas fueron 0 por ciento de los recursos destinados a compra de bienes y servicios para el Estado, pero en 2007 representó el 0,3 por ciento del total, y los siguientes años subieron hasta superar el 20 por ciento. Las compras por excepción estuvieron por encima del 10 por ciento.

 

Una forma usada desde 2007, pero con mayor frecuencia desde 2009, fue la de “definidas por el organismo financiador o normativa”, presentando un gran ascenso e incluso llegando a ser la mitad del valor de contrataciones. Las empresas estatales nacionales representaron alrededor del 40 por ciento del monto total entre 2004 y 2015 (pero apenas el 6,5 por ciento del número total de contratos firmados). Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue la empresa estatal más importante, que utilizó esta modalidad en un 97,3 por ciento del valor total contratado.

 

 

 

CONSTRUCCIÓN PIDE LEY DE CONTRATO

 

Ante esta situación de contrataciones directas de las que se han beneficiado, sobre todo, empresas internacionales, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) expresó la necesidad de que el país cuente con una Ley de Contrataciones que garantice transparencia y oportunidad.

 

“A la fecha está vigente el Decreto Supremo 181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que por no tener la jerarquía de una Ley no sólo es modificado de acuerdo a la coyuntura, sino incluso vulnerado”, expresa la Cámara en un pronunciamiento público.

 

La Cámara recuerda al Gobierno su compromiso, en varias oportunidades, de aprobar esta ley de contrataciones que garantizará en un 30 por ciento, la participación de empresas constructoras bolivianas en obras estatales, hasta marzo de este año (plazo ya cumplido).

 

La entidad empresarial también se refiere a datos del Sicoes que develan que en los últimos dos años el Gobierno adjudicó proyectos por más de 4.000 millones de dólares a cerca de 40 empresas extranjeras, que ejecutan el 80 por ciento de los proyectos de magnitud.

 

En el marco del Decreto Supremo 181 vigente, las  empresas extranjeras subcontratan a las constructoras nacionales con una participación superior al límite permitido, de 25 por ciento, explica la Cámara.

 

 

 

ANÁLISIS

 

Marco Gandarillas, Director del Cedib

 

Se han incumplido procesos y elección de autoridades

 

Para nosotros, las contrataciones directas tienen que ver con las inversiones públicas y con la imposición de controles sobre las autoridades. Me refiero a la modalidad con que movilizan los recursos de inversión pública.

 

Estamos hablando de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que ha sido la que más recursos de inversión pública ha movilizado, estamos hablando de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), es decir, la mayor parte de los recursos está manejada por el sector público.

 

Por otra parte, han incumplido los procesos de elección de las autoridades (de empresas estatales) que señala el Artículo 159 de la Constitución, que dice que deben elegir a estas autoridades por ternas propuestas por la Asamblea.

 

Alberto Bonadona, Economista

 

Los contratos por excepción siempre han sido una puerta a la corrupción

 

Las licitaciones públicas toman demasiado tiempo, y el afán del Gobierno por cumplir los compromisos ha venido acompañado de gran cantidad de recursos. Esta rapidez, sin embargo, abre, con toda certeza, grandes campos de corrupción. Este proceso directo es de gran riesgo para los que participan, ya que hay mucho dinero en juego y no siempre la cabeza recibe todo, a veces no recibe nada. El que efectivamente está haciendo el contrato puede ser el intermediario, el que hace el lobby y que al final es el que garantiza, por la influencia que tiene.

 

Los contratos con excepción siempre han sido una puerta a la corrupción y cuando vienen unidos a contratos llave en mano, el asunto empeora, porque el costo es mayor y también el soborno va a ser mayor.

 

De un tiempo a esta parte, la adjudicación de "megaobras" a través de licitaciones internacionales, se ha reducido a un mínimo porque ahora se recurre a la entrega de estos trabajos a través de una invitación directa.

 

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