Fuente: La República
Esto radica en la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien el año pasado objetó la asociación entre la petrolera estatal y GeoPark, en donde Petroperú le cedía el 75% pero a cambio el privado asuma todas las inversiones requeridas.
En octubre del 2014, Petroperú y GeoPark suscribieron un acuerdo de asociación para la exploración y explotación del Lote 64, en donde GeoPark sería el operador, asumiendo las inversiones necesarias para la puesta en producción del yacimiento.
Este lote tiene un petróleo ligero y reservas probadas por 55 millones de barriles. La inversión de Talisman antes de abandonar el país fue de US$ 500 millones. Se estima que adicionalmente el Lote 64 posee un atractivo potencial para la exploración, con recursos estimados en cuando menos 200 millones de barriles.
La modificación del contrato de licencia que reflejará la asociación con GeoPark se efectuaría una vez obtenido el decreto supremo; sin embargo, una vez que llegó al MEF, fue observado desde el punto de vista legal.
El MEF considera que esta asociación pone en riesgo el pago del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), precisado en el artículo 3 de la Ley 30130.
En ese sentido, desde noviembre del 2015 Petroperú venía subsanando las observaciones; no obstante, a poco más de tres meses para culminar este gobierno es poco lo que se conoce.
El economista Humberto Campodónico pidió que la estatal presente ya su informe al MEF indicando que no se viola la Ley 30130, más aún cuando el contrato de licencia entre Petroperú y Perupetro es de inicios del 2013 y la ley del PMRT es de diciembre del mismo año.
"Lo que el gobierno pretendería es que el lote sea devuelto a Perupetro para que sea licitado y entregado a privados", dijo Campodónico.
Para Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), lo que sucede en el trato que le da el propio Estado a su empresa bandera refleja que el gobierno ha debilitado a la empresa estatal.
En ese sentido, recordó que este gobierno fue el que se opuso a que los lotes que debían revertir al Estado en el presente quinquenio fueran entregados a privados (caso lotes III y IV, entre otros), también que se ampliaran los contratos de los terminales de almacenamiento, y la negativa para el ingreso al Lote 192.
"El propio Estado es quien ha boicoteado la integración vertical de Petroperú a través del MEF y del Ministerio de Energía y Minas (MEM). GeoPark debe estar sorprendida por este maltrato", exhortó.
Una cláusula dorada en el contrato capearía la Ley 30130
Según Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, lo que Petroperú y GeoPark deben hacer es suscribir una cláusula dorada en el contrato que diga que la estatal le vende el 100% a GeoPark, sin embargo Petroperú tendrá el derecho de adquirir nuevamente el 25% al mismo precio que se lo cedió una vez terminado el PMRT.
"Esa es la mejor forma de capear la Ley 30130, regresas en tres años y retomas tu 25%, porque por mucho que el privado ponga la inversión existe lo que se llama inversión solidaria y de acuerdo a ley eso es un pasivo contingente", acotó. Antes de publicarse el DS el informe pasa por Perupetro, el MEM y el MEF.