Dilma Rousseff, la presidenta izquierdista de Brasil, ha iniciado conversaciones con los partidos centristas de menor envergadura en un esfuerzo por reconstruir su coalición y evitar el juicio político después de que su más grande aliado abandonó el Gobierno.
LOS TIEMPOS

Joe Leahy - FINANCIAL TIMES
  
El miércoles de la semana pasada, Rousseff y su predecesor y mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscaban apoyo político desesperadamente para derrotar un voto inminente en la cámara baja del Congreso (el cual se espera que sea sometido a mediados de abril),  que iniciaría el proceso formal del juicio político, dijeron sus asistentes.
 
El voto del pasado martes por parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (una federación desestructurada de políticos regionales) para abandonar el Gobierno de Rousseff ha incrementado las probabilidades de un juicio político en su contra, y la ha colocado en confrontación directa con su vicepresidente, Michel Temer.
 
Temer, un abogado constitucionalista de 75 años de edad que también es el presidente del PMDB, asumirá el cargo de presidente provisional del país si dos tercios de la cámara baja del Congreso votan a favor de un juicio político, y posteriormente el de presidente de Brasil, con carácter oficial, si el Senado apoya la moción, también por una mayoría de dos tercios.
 
"La salida de un socio importante... abre un espacio político para la formación de una nueva coalición gubernamental", dijo Jacques Wagner, jefe de gabinete de Rousseff e incondicional simpatizante del izquierdista Partido de los Trabajadores o PT.
 
La crisis política surge a la vez que Rousseff lucha con lo que está convirtiéndose en la peor recesión del país en un siglo, y con una investigación de corrupción cada vez mayor de la petrolera estatal Petrobras, la cual ha agobiado a su coalición gubernamental.
 
Según las calificaciones de las encuestas de opinión que anteriormente fueran la envidia de la mayoría de los líderes del mundo occidental, Rousseff es actualmente uno de los presidentes más impopulares en la historia de Brasil.
 
Los resultados de una nueva encuesta de CNI-Ibope revelaron el miércoles pasado que el 10 por ciento de los brasileños considera su Gobierno como bueno o excelente y el 69 por ciento como malo o terrible.
 
Para derrotar la moción de juicio político durante la primera etapa en la cámara baja de 513 escaños, Rousseff necesitará 172 votos a su favor o abstenciones, lo cual equivale a un tercio del total, más un escaño.
 
El PT y sus aliados de la izquierda, quienes están explícitamente en contra del juicio político, controlan 102 escaños, según las cifras recopiladas por la firma de investigación Eurasia Group.
 
Es posible que puedan contar con algún apoyo de los partidos de izquierda independientes, los cuales ocupan otros 37 escaños. Para los demás votos, van a tener que sondear la enorme cantidad de partidos centristas del Congreso, los cuales representan 13 en total con 205 congresistas. Según los analistas, la mayoría de estos tienen una escasa base ideológica y pudieran "comprarse" con promesas de puestos ministeriales.
 
El PT también pudiera todavía persuadir a algunos individuos del PMDB (el cual ocupa 69 escaños) de que continúen siendo parte del Gobierno. De hecho, algunas personas familiarizadas con la situación dijeron que es probable que varios ministros actuales del PMDB abandonen el partido y permanezcan en el gabinete de Rousseff.
 
El Gobierno está presentando el paso hacia la destitución de Rousseff como un golpe de estado, y está buscando el apoyo de sus militantes seguidores en los sindicatos de Brasil, así como el de las organizaciones en pro de los pobres rurales y urbanos que no poseen tierra, y el de otras fuentes. Esto está causando preocupación de que pudieran generarse enfrentamientos callejeros entre sus partidarios y sus detractores si la votación a favor del juicio político tiene éxito. "Para nosotros, la mayor batalla aquí es la lucha por la democracia", dijo Wagner.
 
Él afirmó que la acusación que subyace la moción de juicio político (el hecho de que Rousseff manipuló las cuentas públicas para presentar un déficit presupuestario inferior) no constituye un motivo para su destitución.
 
La supuesta conducta inapropiada está relacionada con el presupuesto de 2014 del gobierno federal, antes de que ella comenzara su segundo mandato de cuatro años en 2015, agregó Wagner. Los abogados dijeron que no puede hacerse responsable a un presidente de delitos que no ocurrieron durante su mandato actual.
 
Se rumorea que Temer está organizando un equipo económico que favorecerá las políticas económicas de mercado para tratar de sacar a Brasil de su dificultad económica. Sin embargo, cualquier Gobierno nuevo enfrentará serios desafíos al intentar revertir con rapidez el profundo déficit presupuestario de Brasil durante una recesión.
 
Un Gobierno encabezado por el PMDB también pudiera enfrentar los mismos problemas en relación con la investigación de corrupción de Petrobras (conocida como "Lava Jato", o lavado de autos) que está perjudicando la administración de Rousseff.
 
Algunas de las más importantes personalidades del partido han sido implicadas en el escándalo de Petrobras, incluyendo a Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara, quien está encabezando la campaña de juicio político. Él ha negado haber actuado inapropiadamente y está luchando contra los esfuerzos dentro del Congreso para eliminarlo como presidente de la Cámara por razones éticas.
 
Algunos académicos de izquierda creen que el PMDB y sus socios de la oposición están deseosos de obtener poder para  frenar la investigación de Petrobras antes de que también los consuma.
 
"La oposición en Brasil quiere votar sobre el juicio político lo antes posible, exactamente para eludir la investigación Lava Jato", dijo Pedro Fassoni Arruda, un politólogo de la Universidad Pontificia de São Paulo.



 
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