En 2011, el Gobierno anunciaba con mucha expectativa un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y un trillón de pies cúbicos de gas en Lliquimuni, al norte de La Paz. Cinco años después la perforación del primer prospecto Lliquimuni Centro–X1 (LQC-XI) fue un fracaso.

 

El Gobierno tuvo que reconocer que no había yacimientos en cantidades "comerciales".

 

A raíz de esa experiencia, los especialistas Hugo del Granado, Bernardo Prado, Fracesco Zaratti y Raúl Velásquez, hablan de modificar la ley centrándose en simplificar los procesos para la adjudicación de los bloques de exploración petrolera y asegurar inversión extranjera sin intervención de decretos supremos.

 

Del Granado considera que el Gobierno debe cambiar la estructura normativa del país apuntando a una mayor accesibilidad a la inversión privada para futuros proyectos de exploración hidrocarburífera. "No se puede esperar nuevas inversiones, nuevas empresas, mayor actividad con un esquema jurídico que en 10 años no dio resultado", afirma.

 

Del Granado se refirió también a la Ley de Incentivos Petroleros aprobado a fines de 2015, con el fin de atraer inversiones extranjeras. Según Del Granado, se trata de un “parche” a la Ley Marco, que no ha servido para atraer inversiones, precisamente por este clima de inseguridad jurídica, y que tampoco está en vigencia, pues hasta la fecha no tiene reglamento. “No tiene razón de ser. Si se modifica la ley Marco, la Ley de Incentivos ya no tiene ningún sentido”, explica.

 

Coincidiendo con esa postura, Prado considera que para atraer la inversión privada, el Gobierno debe contar con un marco legal coherente y no con una serie de decretos modificatorios. “Es muy difícil que un privado invierta montos en una actividad tan riesgosa como la exploración, cuando tienes una ley de hidrocarburos que ni siquiera es compatible con la Constitución actual. Hay que pasar por etapas y la principal es la modificación de la ley de hidrocarburos para atraer inversiones”.

 

Según Zaratti, hace falta la modificación del marco legal hidrocarburífero, pero sobre todo recuperar la “confianza” en los negocios petroleros para que las empresas vuelvan a invertir en el país. Para ellos, hay que "planificar mejor la exploración, asociándose con empresas que saben del negocio, compartiendo riesgos y éxitos. Eso implica flexibilizar muchas normas relacionadas con la nacionalización. Ésta es excelente para cobrar regalías e impuestos, pero pésima para generar reservas y nuevos ingresos", explica Zarati. "No soy partidario de quemar recursos financieros del Estado jugando 'a la ruleta' de la exploración. Es una tarea que deberíamos dejar a los privados, solos o en asociación con las subsidiarias de YPFB", señala.

 

Por su parte, el investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, expresa la urgencia de una nueva norma. En la práctica, explicó, el sector petrolero, está normado por decretos y resoluciones de 2010, ambos muy fáciles de modificar o eliminar. "Una nueva ley de hidrocarburos debería considerar roles específicos para el Ministerio cabeza de sector, para YPFB como empresa petrolera nacional y brazo operativo en la industria hidrocarburífera y finalmente para la ANH como ente fiscalizador de todos los actores", explica.

 

Asimismo, debería considerar criterios de selección de empresas con las que YPFB suscribe contratos, no sólo de exploración y explotación, sino también de otros servicios.

 

Velásquez señala que sólo el 10 por ciento de las exploraciones petroleras en Bolivia son exitosas lo que denota la importancia de la inversión privada para no arriesgar capitales estatales.

 

Después de conocerse que los volúmenes de petróleo y líquidos encontrados con la perforación del pozo Lliquimuni, en el norte paceño, no son comerciales, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo  la semana pasada que “la tasa de éxito (exploratorio) en los últimos 10 años se sitúa en el 75 por ciento, mientras que entre 1985 y 2005 ha rondado el 45 por ciento”.

 

Sin embargo, en marzo de 2015, cuando se le pidió confirmar si el pozo exploratorio Timboy-X2, en el Aguaragüe, resultó “seco”, dijo que había que considerar que de cada 10 de estos  pozos tres son exitosos.

 

 

 

BUSCAN AGILIZAR LA EXPLORACIÓN EN CUATRO ÁREAS PETROLERAS EL 2016

 

Según el especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, “urge” la exploración petrolera para evitar caídas en la producción de gas en Bolivia.

 

Según Del Granado, en 2008 se registró una caída de la producción del petróleo que no fue tan preocupante como la caída de la producción de gas que se registró en 2015.

 

“Esa caída es justamente el resultado de la falta de nuevos descubrimientos de campos en producción, la disminución de las inversiones y el agotamiento de los campos que fueron descubiertos antes de este Gobierno”, explica.

 

El promedio de producción bruta de gas natural disminuyó en 0,81 por ciento durante el primer semestre de 2015 con relación al mismo periodo de 2014, debido a la declinación de la producción del campo San Alberto, según el boletín del primer semestre de 2015 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

 

El campo San Alberto tiene 15 años de antigüedad y junto al campo Sábalo, ambos en Tarija, están entre los más importantes productores de gas del país.

 

Hasta junio de 2015, el promedio de producción de gas natural alcanzó los 61,33 millones de metros cúbicos al día (Mmcd), frente a los 61,83 Mmcd del mismo periodo de 2014.

 

Para este año, el Gobierno busca agilizar la exploración petrolera en Azero, Nueva Esperanza, Huacareta y Río Beni.

 

La petrolera Total E&P Bolivie informó que en 2016 se iniciarán las tareas de exploración en el bloque Azero, ubicado entre Chuquisaca y Santa Cruz. Aunque hasta la fecha no existen novedades, en  octubre de 2015 la empresa hacía estudios preliminares.

 

En marzo de este año, la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concretó contrataciones directas con las empresas chinas Asociación Accidental BGP y Sinopec International Petroleum Service Ecuador Co SA sucursal Bolivia, para tareas de exploración sísmica en los bloques Nueva Esperanza y Río Beni.

 

En tanto, la exploración en el bloque Huacareta atraviesa serias dificultades con 35 comunidades indígenas de la Provincia de O'Connor en Entre Ríos.

 

El asesor técnico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guasu, Henry Guardia, informó que el Ministerio de Hidrocarburos, a través de YPFB, realizó en 2014 un proceso de consulta para ingresar al bloque Huacareta con dirigencia paralela.

 

 

 

ANÁLISIS

 

Jorge Campanini, investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (Cedib)

 

Los riesgos ambientales de la exploración petrolera

 

La actividad petrolera es considerada entre las más agresivas contra el medio ambiente en el mundo, se han registrado diferentes tipos de impactos ambientales a lo largo de la historia, en casi todas las fases de la cadena productiva.

 

Las políticas hidrocarburiferas en Bolivia se han concentrado, en los últimos años, a implementar procesos que resulten en dar los pasos hacia la industrialización y paralelamente encarar actividades exploratorias en varias regiones del país. En 2011 se presentó el plan exploratorio y se inició un proceso de licitación internacional de 15 áreas prospectivas. De esta campaña sólo se concretaron dos contratos. Ante esta situación, además de los compromisos de venta de gas a Brasil y Argentina, el Gobierno inició una reforma normativa que afecta a áreas protegidas y derechos indígenas.

 

En la fase de exploración, los impactos van según las etapas en las que se implementa la actividad, y en este caso en particular es necesario saber realizar el desbroce, minado y detonación de explosivos, para la adquisición sísmica, y representan un serio riesgo para el equilibrio de los ecosistemas. Es preocupante, sobre todo, porque aún no se puede determinar el impacto real de las detonaciones en aguas subterráneas y por la complejidad técnica esto es ignorado o superficialmente mencionado en los documentos ambientales.

 

Otros elementos, que tampoco son analizados en toda su magnitud, son los impactos indirectos de la exploración, por ejemplo, la apertura de sendas y accesos que con el tiempo impulsan a la colonización o facilitan el camino para cazadores furtivos, madereros y otros. La exploración es sólo el preámbulo a una amenaza ambiental mucho mayor, que es la explotación, si los actuales proyectos en la Amazonia resultan positivos, tendremos otra razón para preocuparnos por nuestro malogrado medio ambiente.

 

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