Fuente: La Nación
Trabajadores, empresas, municipios y provincias que reciben regalías sufren el mismo problema: hoy viven de un producto que vale en el mundo 30 dólares por barril, cuando hace algunos años atrás arañó los 146 dólares. En esa ocasión, por la intervención del Gobierno, no pudieron acceder a las bondades de un precio tan alto en el mercado local, pero sí a una parte de la exportación. La caída en el precio internacional del petróleo hace tiempo que comenzó a marcar el día a día del sector, en especial en la Patagonia. Las empresas difícilmente lo reconozcan en voz alta, pero apuntan a un aterrizaje suave de la actividad en los próximos dos años. En otros términos: nadie espera que este año la inversión aumente, sino todo lo contrario. Los trabajadores tomaron nota de ese punto. El 3 de febrero en el Ministerio de Trabajo, Guillermo Pereyra, titular del sindicato petrolero privado de Neuquén, La Pampa y Río Negro, junto a Adolfo Sanchez Zinny, presidente de la cámara que reúne a las empresas proveedoras de servicios (Ceope), firmaron un acuerdo para suspender a unos 2000 trabajadores por tres meses (cobrarán el 50% de su sueldo de manera no remunerativa), con posibilidad de extenderlo por otros tres. A cambio, las compañías no deberían aplicar despidos.
El acta contemplaba también que "las partes se comprometen a conformar una mesa de diálogo para monitorear la implementación del Procedimiento Preventivo de Crisis y analizar los mejores criterios de productividad para favorecer el desarrollo de la actividad". Y abrió la puerta para reducir el número de trabajadores, ya que prometía analizar "la situación del personal que está en condiciones de acogerse al beneficio de la jubilación, y hará las acciones necesarias para que los mismos puedan realizar los trámites tendientes a la obtención de este beneficio". El objetivo de las petroleras es que el acuerdo con Neuquén sirva de modelo para Santa Cruz y Chubut, la provincia más reacia a aceptarlo. En total, sumarían unos 4000 empleados suspendidos. Ayuda oficial La situación es crítica pese a ciertos esfuerzos oficiales para contenerla. Por caso, tres días antes de ese acuerdo, el Gobierno había aceptado subsidiar con unos US$ 50 millones a las petroleras de Chubut para evitar una caída mayor en la actividad.
Y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, decidió sostener un precio local del petróleo por encima de los valores internacionales con la intención de que no decaiga aún más la actividad en las provincias, una iniciativa que había comenzado en la gestión de Cristina Kirchner. La diferencia entre el precio local del petróleo y el internacional la pagan los consumidores pero, después de la devaluación, en especial los refinadores de combustibles, un sector que lideran YPF, Axion, Shell, Oil y Petrobras. El salto que dio la cotización de la moneda norteamericana esta semana puso nueva presión sobre los precios de las naftas y el gasoil. Es muy probable que este fin de semana las petroleras definan aumentos en torno de 10 por ciento. Aunque se trata de una decisión antipática para los consumidores, las compañías sostiene que apenas les permitirá mejorar la ecuación que quedó desbalanceada tras la devaluación del año pasado.
Trabajadores, empresas, municipios y provincias que reciben regalías sufren el mismo problema: hoy viven de un producto que vale en el mundo 30 dólares por barril, cuando hace algunos años atrás arañó los 146 dólares. En esa ocasión, por la intervención del Gobierno, no pudieron acceder a las bondades de un precio tan alto en el mercado local, pero sí a una parte de la exportación. La caída en el precio internacional del petróleo hace tiempo que comenzó a marcar el día a día del sector, en especial en la Patagonia. Las empresas difícilmente lo reconozcan en voz alta, pero apuntan a un aterrizaje suave de la actividad en los próximos dos años. En otros términos: nadie espera que este año la inversión aumente, sino todo lo contrario. Los trabajadores tomaron nota de ese punto. El 3 de febrero en el Ministerio de Trabajo, Guillermo Pereyra, titular del sindicato petrolero privado de Neuquén, La Pampa y Río Negro, junto a Adolfo Sanchez Zinny, presidente de la cámara que reúne a las empresas proveedoras de servicios (Ceope), firmaron un acuerdo para suspender a unos 2000 trabajadores por tres meses (cobrarán el 50% de su sueldo de manera no remunerativa), con posibilidad de extenderlo por otros tres. A cambio, las compañías no deberían aplicar despidos.
El acta contemplaba también que "las partes se comprometen a conformar una mesa de diálogo para monitorear la implementación del Procedimiento Preventivo de Crisis y analizar los mejores criterios de productividad para favorecer el desarrollo de la actividad". Y abrió la puerta para reducir el número de trabajadores, ya que prometía analizar "la situación del personal que está en condiciones de acogerse al beneficio de la jubilación, y hará las acciones necesarias para que los mismos puedan realizar los trámites tendientes a la obtención de este beneficio". El objetivo de las petroleras es que el acuerdo con Neuquén sirva de modelo para Santa Cruz y Chubut, la provincia más reacia a aceptarlo. En total, sumarían unos 4000 empleados suspendidos. Ayuda oficial La situación es crítica pese a ciertos esfuerzos oficiales para contenerla. Por caso, tres días antes de ese acuerdo, el Gobierno había aceptado subsidiar con unos US$ 50 millones a las petroleras de Chubut para evitar una caída mayor en la actividad.
Y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, decidió sostener un precio local del petróleo por encima de los valores internacionales con la intención de que no decaiga aún más la actividad en las provincias, una iniciativa que había comenzado en la gestión de Cristina Kirchner. La diferencia entre el precio local del petróleo y el internacional la pagan los consumidores pero, después de la devaluación, en especial los refinadores de combustibles, un sector que lideran YPF, Axion, Shell, Oil y Petrobras. El salto que dio la cotización de la moneda norteamericana esta semana puso nueva presión sobre los precios de las naftas y el gasoil. Es muy probable que este fin de semana las petroleras definan aumentos en torno de 10 por ciento. Aunque se trata de una decisión antipática para los consumidores, las compañías sostiene que apenas les permitirá mejorar la ecuación que quedó desbalanceada tras la devaluación del año pasado.