El Deber.- Las quejas del sector privado por las sanciones millonarias aplicadas en su contra por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Autoridad de Empresas (AEMP), han surtido efecto. El Gobierno los escuchó y abrió una ronda de reuniones que puede llegar a buen término hasta el fin de semana.

El vicepresidente Álvaro García, anunció que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, se reúnen con el compromiso gubernamental de hacer una revisión exhaustiva para establecer si están bien establecidas.

Si hubo un exceso se hará una corrección. “Nos comprometimos a estudiar si esas multas se han establecido en legalidad o no. Vamos a garantizar que no haya abusos o una acción frente al empresariado que vaya más allá de lo legal. Hubo reuniones con la ministra. El compromiso es de obrar en justicia y protegiendo a la industria mediana, pequeña y grande”, manifestó.

Rechazo empresarial En los últimos días, los empresarios rechazaron la imposición de millonarias multas y sanciones por parte del SIN y la AEMP a varias industrias del país. El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, advirtió que se ponía en riesgo las inversiones y solicitó el cese de presión sobre las empresas nacionales. Ayer, el sector confirmó que se realizan las reuniones con el Gobierno, pero evitaron adelantar opinión en tanto no se concreticen las soluciones que esperan