La situación se complicó al conocerse el posible mantenimiento del precio a los empresarios del transporte público, sector duramente criticado, ya que se encuentra recibiendo un subsidio sin que se conozcan evaluaciones sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas. El Gobierno debe proporcionar la información necesaria para que la ciudadanía comprenda la racionalidad y las consecuencias de la medida tomada, ya que está en juego no solo su bienestar, sino también la legitimidad política del Gobierno, un capital fundamental en momentos de pandemia.

El combustible es uno de los insumos más importantes para el funcionamiento de la economía. El transporte público y la producción de determinados bienes y servicios son afectados de manera muy importante por cualquier variación en los costos de los combustibles, por lo que una decisión de política pública que afecte en este ámbito tendrá consecuencias en los precios finales.

Estos precios a su vez impactan en la oferta y demanda, más todavía si se relacionan con el consumo de productos básicos o primordiales para el bienestar y la calidad de vida, ya que las personas no pueden reducir su demanda para contrarrestar el efecto de un aumento de los precios.

Es el caso de los precios de los pasajes. La gente debe continuar yendo a su trabajo y niños y jóvenes a estudiar, por lo que no puede dejar de consumir ese servicio y termina pagando el incremento. Lo mismo ocurre con muchos bienes de primera necesidad.

Cuando se trata de los precios de bienes o servicios que se producen y comercializan en mercados muy pequeños como casi todos en nuestro país, el riesgo de conductas oligopólicas y colusivas aumenta y con ello el potencial perjuicio a los consumidores.

Una demanda conformada por múltiples consumidores sin posibilidad de afectar a los precios hace que sean tomadores de los mismos, ubicándose en un contexto de vulnerabilidad ante la posibilidad de abuso de poder y control de mercado por parte de los pocos oferentes.

El Estado tiene un rol central como regulador de los precios cuando no existe competencia perfecta. Pero este rol del Estado debe ejercerse con transparencia.

El objetivo debe ser siempre el buen funcionamiento de la economía buscando el interés general por encima de los intereses particulares.

Las instituciones públicas con competencia en el tema, en este caso principalmente el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petropar, deben rendir cuenta a través de la provisión a la ciudadanía de información sobre los costos.

Por razones de transparencia, cualquier subsidio debe ser visibilizado, medido y cuantificado su impacto.

La ciudadanía debe conocer quién se beneficia y cuánto termina siendo el costo ya que con sus impuestos sacrifica consumo y financia este tipo de acciones. La ciudadanía que paga sus impuestos debe conocer en qué se utilizan sus recursos.

La sociedad debe ser capaz de evaluar por sí misma las implicancias fiscales, la eficiencia, la equidad y sostenibilidad de la medida a largo plazo.

Esto no solo ayudará a distinguir argumentos a favor o en contra, sino sobre todo a la capacidad para el ejercicio de la auditoría de la ciudadanía en general y de otros sectores como la prensa y el sector empresarial.

El precio del combustible no solo afecta a la calidad de vida. Su manejo afecta también a la legitimidad política del Gobierno y a la capacidad de gestión en un momento en el que se requieren altos niveles de confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

EDITORIAL

Fuente: Última Hora