TNS LATAM
El gobierno colombiano anunció la venta de su participación en la empresa de servicios públicos Interconexión Eléctrica SA (ISA), como parte de las gestiones del presidente colombiano, Iván Duque, para privatizar compañías estatales.
La idea del mandatario colombiano es vender parte o toda la participación del Estado en ISA, la que alcanza un 51%, aunque aún está a la espera de obtener una oferta “óptima” para realizar la transacción. Asimismo, en el gobierno colombiano esperan un momento oportuno para concretar el traspaso.
Según consigna DF, la participación completa en ISA tiene un valor aproximado de US$2.700 millones, con base en el valor de mercado actual.
Según publica Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el asunto, varias instituciones financieras están trabajando con compradores potenciales para formar al menos tres consorcios que presenten una oferta por la participación en ISA.
La compañía opera 45.142 km de líneas de transmisión eléctrica, 907 km de autopistas y 49.500 km de líneas de fibra óptica en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica.
ISA controla en Chile -entre otras- las concesiones de Ruta del Maipo y Ruta del Maule, cuya filial, InterChile, es dueña del cuestionado megaproyecto eléctrico Cardones Polpaico. Además de su participación en ISA, el gobierno de Duque podría desprenderse de sus acciones de 8,5% en la petrolera controlada por el estado, Ecopetrol, así como en Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Polémico proyecto eléctrico en Chile. ISA controla en Chile -entre otras- las concesiones de Ruta del Maipo y Ruta del Maule, cuya filial, InterChile, es dueña del cuestionado megaproyecto eléctrico Cardones Polpaico.
El proyecto Cardones Polpaico ha estado marcado por los cuestionamientos, especialmente en la región de Valparaíso. Allí, residentes de la Comunidad La Dormida ejercieron diferentes medios de presión para evitar la construcción de una de las últimas etapas de la megacarretera eléctrica, incluyendo la toma de torres.
A esto se suma la demanda que presentó la empresa contra del Gobierno chileno luego de que el Ministerio de Energía hiciera efectivo el cobro de una millonaria boleta de garantía por US$2,6 millones, por los retrasos en sus puesta en marcha, ya que la línea debería haber comenzado a operar el pasado 18 de febrero.
A raíz de esto, Interchile presentó un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, porque consideran el cobro como ilegal y arbitrario, exigiendo que el dinero cobrado sea devuelto.
Para la empresa, los retrasos son a causa de la serie de conflictos que se han registrado en el tramo 2, denominado Nueva linea Maitencillo-Pan de Azúcar, que comprende precisamente el sector de La Dormida.