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El incremento de la actividad en la formación no convencional puso en debate la adenda al convenio colectivo de trabajo que se firmó el año pasado. Las propuestas del gremio y las empresas en medio de acusaciones.

 

La principal propuesta de las empresas es que se permita el trabajo de cuadrillas multifunción en los servicios especiales.

 

El gremio busca cambiar los descansos para reducir la cantidad de accidentes graves. Vaca Muerta: impulsan nuevos cambios en el régimen laboral

 

 Hace dos años, el 31 de enero de 2017, el sindicato de Petroleros Privados que conduce Guillermo Pereyra firmó con las empresas la adenda al convenio colectivo de trabajo que marcó una nueva era en la actividad laboral en los no convencionales. Pero la imagen que devolvía Vaca Muerta en ese momento tiene poca relación con lo que hoy refleja y es por esto que tanto desde el gremio, como desde las empresas reclaman que es hora de hacer modificaciones.

 

El puntapié de los debates se dio en la Mesa Vaca Muerta que el gobierno nacional reimpulsó desde agosto pasado. Los primeros en poner una propuesta sobre la mesa fueron los trabajadores representados por Pereyra, quienes buscan una modificación en los cronogramas laborales que permita reducir la cantidad de incidentes que terminaron costando vidas.

 

Desde las empresas de servicios se aprovechó la apertura del debate para plantear los incumplimientos que aseguran que se registran sobre la letra de la adenda y por los que cargaron contra los gremios, incluyendo al de Jerárquicos que conduce Manuel Arévalo. Las operadoras tampoco se quedaron atrás a la hora de realizar propuestas en la búsqueda de cambios que permitan continuar persiguiendo mayores los niveles de productividad.

 

Desde las empresas se elaboró un documento de trabajo en el que junto a la identificación de seis cláusulas de la adenda que no se estarían cumpliendo, también se plantearon tres propuestas para mejorar la actividad en Vaca Muerta.

 

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Pero más allá de las diversas visiones todas las operadoras consultadas coincidieron en destacar que existe un diálogo positivo con los gremios que permite debatir sin llegar a la realización de medidas de fuerza.

 

“Hay una comprensión del gremio de llevar las discusiones en paz y eso se nota si se mira lo que pasa en otras provincias”, aseguraron de una de las firmas con mayor presencia en Vaca Muerta.

 

A la propuesta de modificar los actuales cronogramas de 14 días de trabajo por 7 de descanso para que sean de 6 por 3, Pereyra agregó otros puntos al debate. “Queremos retomar el tema de las recategorizaciones porque hay posiciones que no se categorizaron en la adenda porque en ese momento no existían y hoy lo que vemos es que hay una situación dispar entre las empresas para la misma labor”, indicó Pereyra a “Río Negro Energía”. El sindicato fuerte de la Cuenca Neuquina también impulsa el dictado de capacitaciones a cargo de las empresas.

 

Como contrapartida, desde las operadoras se acordaron tres propuestas para mejorar la productividad, cuyo eje central para por el trabajo multifunción.

 

Para esto el primer punto es dejar expresado en la enmienda que “no hay ninguna limitación a la eficiencia operativa”, en referencia a etapas de fractura, velocidades de viaje o de entubación, entre otras.

 

La segunda propuesta apunta a eliminar una suerte de “vicio” de la adenda que es la compensación de las eliminadas horas taxis por adicionales de horas extra que en ocasiones no fueron trabajadas o bonos por actividad.

 

El eje medular de estas dos propuestas es la implementación de cuadrillas multifunción para los servicios especiales como son los coiled tubing, wireline, mudlogging y geosteering entre otros, dado que las empresas consideran que con la actual separación de trabajos las cuadrillas específicas permanecen mucho tiempo ociosas.

 

Este esquema multifunción no es un invento local, sino que lo que se busca es copiar el sistema que muchas de las empresas de servicios utilizan en Estados Unidos y que les permiten reducir los tiempos ociosos y ganar en productividad y eficiencia.

 

Incumplimientos Desde las operadoras se plasmaron en el documento seis puntos que consideran como incumplimientos de la adenda.

 

El primero es la conformación de las dotaciones de los equipos de perforación pues si bien son tres puestos los diagramados en la práctica se continúa trabajando con cuatro personas pues se incorpora un autoelavadorista. “No es un incumplimiento sino una mala interpretación, porque donde la adenda no aclara rige el convenio colectivo y eso es lo que pasa en este caso”, replicó Pereyra.

 

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El segundo punto es la seguridad de las operaciones. La adenda fija que es el Company Man quien define cuando es seguro trabajar, pero las empresas dicen que en la práctica ante la duda los obreros convocan al gremio. Lo mismo sucede con el tercer punto, los montajes y desmontajes nocturnos que si bien están permitidos con determinados equipos se verían obstaculizados con varios pasos previos. En el cuarto punto las empresas sostienen que con asambleas se impide la continuidad de las operaciones y se pierde eficiencia, y denuncian que no se han respetado las dotaciones mínimas en algunos paros y tampoco se cumple la espera en caso de la falta de algún relevo.

 

El debate por la enmienda continuará el próximo 28 de febrero cuando está programado que se reanuden los encuentros de la Mesa Vaca Muerta. Su resultado dependerá de equilibrar los reclamos, pues por un lado las empresas buscan hacer más trabajos con el mismo personal, mientras que para cumplir el nuevo cronograma propuesto por el gremio se necesitarán más trabajadores.

 

Para el Sindicato de Petroleros Privados lo esencial es el cambio del diagrama de francos. Las compañías quieren tener cuadrillas multifunción. Image “Queremos retomar las categorizaciones de posiciones que no existían cuando se hizo la adenda y hay una situación dispar en las empresas”. Guillermo Pereyra es el titular del Sindicato de Petroleros Privados.

 

Gas: La disputa por los plazos de facturación entre productoras y distribuidoras derivará en un aumento en la boleta

 

La posibilidad de que las distribuidoras de gas posean un plazo menor al que hoy tienen para abonarles a las productoras, las petroleras, derivará indefectiblemente en que los usuarios vean un incremento en las boletas el servicio.

 

Para el Gobierno, las distribuidoras deberán pagar por el producto en 30 días, y no en 75 como hasta ahora, en pos de generar “precios más competitivos”. Sin embargo, como Camuzzi o Metrogas cobran el servicio cada dos bimestres, deberán recurrir a préstamos del mercado, cuyo costo financiero será trasladado a las tarifas.

 

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Desde la Asociación de Distribuidoras de Gas ya elevaron su queja a la Secretaría de Energía, advirtiendo: “Se hizo un cálculo del capital de trabajo que necesitan todas las empresas de distribución para mantener la operación en el pico de demanda más alto del año, que es entre junio y octubre. El monto asciende a $31.342 millones. Para pagarlo, será necesario financiarse en el mercado porque, si se acortan los plazos de pago, no vamos a tener caja. Con las tasas de interés vigentes, calculamos una tasa mensual del 5%, que para nosotros significaría un costo financiero adicional de $9537 millones, si la medida cobra efecto”.

 

“Hasta 2006, le vendíamos gas a toda la demanda, incluida la industrial, que pagaba a 30 días. Con eso se subvencionaba lo que tarda en pagar el usuario residencial, que son 60 días. Ahora la industria paga el gas por su cuenta, por lo tanto, no tenemos más esa facturación anticipada que teníamos antes”, agregó la entidad en su mensaje hacia el área que conduce Gustavo Lopetegui.

 

En este escenario, en el que todos los costos son en dólares, las firmas distribuidoras requieren que la Casa Rosada de macha atrás con las “modificaciones en el plazo de pago a los productores de gas”, algo que choca con los intereses de las petroleras que esgrimen que mayor días de cobro lleva “a una desinversión en toda la cadena del sector”. Además, indicaron que “las distribuidoras pretenden que las productoras asuman el 100% de la devaluación de la moneda”.

 

“Las distribuidoras deben tener el capital necesario para ejercer sus actividades y asumir el riesgo empresario que estas conllevan. La capitalización de las distribuidoras de gas es una decisión propia de cada empresa, de acuerdo con sus respectivas estructuras de costos”, agregaron.

 

La decisión final está en manos de Lopetegui, quien tendrá que mediar entre los intereses de las empresas y los usuarios, en un año electoral y recesivo. Si avala mediante audiencia publica que el costo de financiamiento de las distribuidoras pase a las tarifas, se sumaría al de 35% de alza en el servicio anunciado por Javier Iguacel, un día antes de ser desplazado de su puesto. La confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.