Fuente: Portafolio
Y son esas inquietudes, las cuales el alto tribunal señala en el contenido del fallo, las que deberá tomar en cuenta la comisión de expertos que creó recientemente el Gobierno, para analizar y formular recomendaciones con el fin de desarrollar la controvertida técnica de producción hidrocaburífera, también llamada de Yacimientos no Convencionales (YNC) sin la menor duda científica.
Este equipo interdisciplinario, que tiene como tarea revisar el marco regulatorio técnico y ambiental existente a la luz de las mejores prácticas internacionales, deberá resolver un listado de preguntas que dejó sobre la mesa el Consejo de Estado.
Según el auto del citado alto tribunal, las conclusiones del control de advertencia que realizó la Contraloría General en el 2012 sobre el desarrollo del fracking, son las que tendría que tomar en cuenta la comisión de expertos del Gobierno.
Las inquietudes se relacionan con los posibles niveles de sismicidad, la contaminación hídrica, la afectación a la salubridad, la operación de los YNC en las llamadas zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos (páramos), así como las exigencias particulares que deberán analizarse con “sumo cuidado”, teniendo como referencia el contexto colombiano.
Así mismo, el Consejo de Estado en el fallo señala que al aplicar el principio de precaución, a través de una “adecuada medida cautelar de suspensión provisional” buscaría establecer el punto de partida para dejar sentadas las bases de una “certeza científica absoluta” para el desarrollo del fracking.
“Los argumentos del Consejo de Estado se limitan a la Resolución demandada (90341 de 2014) expedida por el Ministerio de Minas y Energía (MME), pero omite inexplicablemente la resolución 421 de 2014 que sobre esta misma materia expidió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Las dos normas se complementan y hacen parte integral del marco normativo”, señala un comunicado de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
Cabe recordar que la comisión contará con el apoyo de una Secretaría Técnica conformada por el MME, el MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH.