FUENTE. LOS TIEMPOS
La denuncia de Ortiz va en contra de Henry Lapaca Mollo, director de la planta de urea, y Herman Orellana, responsable del área de medio ambiente, quienes presuntamente no desarrollaron un plan de contingencia para aminorar el impacto ambiental. La denuncia también alcanza a Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, “por haber encubierto en reiteradas ocasiones que la fuga de amoniaco no había contaminado el arroyo Muñecas”, donde llegan las aguas utilizadas en la planta petroquímica.
Un análisis realizado por el municipio de Entre Ríos, entre abril y mayo de 2017, corroboró la presencia de amoniaco en las aguas del arroyo Muñecas por encima de los límites permisibles; Ortiz utilizó este estudio para fundamentar su denuncia. Sin embargo, Saavedra, uno de los denunciados, se limitó a informar que esa eventualidad ocurrió cuando la planta estaba en etapa de construcción y era operada por Samsung. Mientras que Miguel Rojas, gerente de medio ambiente de la planta, evitó dar declaraciones en una inspección que se realizó ayer en la planta. “Desde que YPFB está operando la planta, no hemos tenido ninguna eventualidad con relación a contaminación”, dijo.
Al ser consultado sobre la contaminación de abril de 2017, respondió: “Hay que preguntarle a la empresa constructora”. Sin embargo, el pasado martes, en conferencia de prensa, Saavedra informó que el municipio de Entre Ríos, al evidenciar la contaminación, “le determinó alguna sanción a la empresa constructora”, aunque ayer dijo desconocer el tipo de sanción. “Con seguridad, van a seguir habiendo declaraciones con alguna intención de ganar algún rédito político desde la oposición”, agregó. La denuncia de Ortiz también incluye a Gonzalo Muñoz, secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, y otros funcionarios, por el delito de incumplimiento de deberes.
“Presentamos la denuncia no porque hubiera habido un accidente o una falla, que puede haber; presentamos la denuncia porque ocultaron el hecho, porque irresponsable y temerariamente no informaron a la población, no desarrollaron una campaña y no tomaron medidas preventivas para evitar que, por ejemplo, los pobladores del lugar consuman esas aguas o consuman lo animales que beben de esas aguas”, señaló el legislador opositor. 960 millones de dólares fue la inversión que realizó el Gobierno en la implementación de la planta de urea en la región del trópico cochabambino.
AUMENTA LA VENTA DEL FERTILIZANTE La comercialización de urea al mercado interno alcanza a 80.000 toneladas, las cuales son distribuidas en cinco países. Según Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, los envíos a Argentina se aproximan a 5.000 toneladas; a Uruguay, 2.000; a Paraguay, más de 4.000, y el resto a Brasil. Saavedra informó también que la comercialización al mercado interno es de 17.000 toneladas, por lo que se estima cerrar el año con 25.000 a 30.000 toneladas vendidas.
La denuncia de Ortiz va en contra de Henry Lapaca Mollo, director de la planta de urea, y Herman Orellana, responsable del área de medio ambiente, quienes presuntamente no desarrollaron un plan de contingencia para aminorar el impacto ambiental. La denuncia también alcanza a Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, “por haber encubierto en reiteradas ocasiones que la fuga de amoniaco no había contaminado el arroyo Muñecas”, donde llegan las aguas utilizadas en la planta petroquímica.
Un análisis realizado por el municipio de Entre Ríos, entre abril y mayo de 2017, corroboró la presencia de amoniaco en las aguas del arroyo Muñecas por encima de los límites permisibles; Ortiz utilizó este estudio para fundamentar su denuncia. Sin embargo, Saavedra, uno de los denunciados, se limitó a informar que esa eventualidad ocurrió cuando la planta estaba en etapa de construcción y era operada por Samsung. Mientras que Miguel Rojas, gerente de medio ambiente de la planta, evitó dar declaraciones en una inspección que se realizó ayer en la planta. “Desde que YPFB está operando la planta, no hemos tenido ninguna eventualidad con relación a contaminación”, dijo.
Al ser consultado sobre la contaminación de abril de 2017, respondió: “Hay que preguntarle a la empresa constructora”. Sin embargo, el pasado martes, en conferencia de prensa, Saavedra informó que el municipio de Entre Ríos, al evidenciar la contaminación, “le determinó alguna sanción a la empresa constructora”, aunque ayer dijo desconocer el tipo de sanción. “Con seguridad, van a seguir habiendo declaraciones con alguna intención de ganar algún rédito político desde la oposición”, agregó. La denuncia de Ortiz también incluye a Gonzalo Muñoz, secretario de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, y otros funcionarios, por el delito de incumplimiento de deberes.
“Presentamos la denuncia no porque hubiera habido un accidente o una falla, que puede haber; presentamos la denuncia porque ocultaron el hecho, porque irresponsable y temerariamente no informaron a la población, no desarrollaron una campaña y no tomaron medidas preventivas para evitar que, por ejemplo, los pobladores del lugar consuman esas aguas o consuman lo animales que beben de esas aguas”, señaló el legislador opositor. 960 millones de dólares fue la inversión que realizó el Gobierno en la implementación de la planta de urea en la región del trópico cochabambino.
AUMENTA LA VENTA DEL FERTILIZANTE La comercialización de urea al mercado interno alcanza a 80.000 toneladas, las cuales son distribuidas en cinco países. Según Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, los envíos a Argentina se aproximan a 5.000 toneladas; a Uruguay, 2.000; a Paraguay, más de 4.000, y el resto a Brasil. Saavedra informó también que la comercialización al mercado interno es de 17.000 toneladas, por lo que se estima cerrar el año con 25.000 a 30.000 toneladas vendidas.