Fuente: La Mañana de Neuquén

   

El déficit fiscal es el resultado de un exceso de las erogaciones del estado respecto a sus ingresos. Se lo suele dividir en dos: déficit primario, que no incluye el pago de intereses de la deuda pública, y déficit financiero, que sí las incorpora. Esta división fue impuesta por los organismos internacionales de crédito, que le interesa el primero, que procuran eliminar para generar excedentes entre los ingresos y gastos para poder cumplir con el pago de intereses de la deuda pública. Por ejemplo, el FMI ha impuesto al gobierno un plan de reducción de gastos poniendo como meta los siguientes déficits primarios: 2,7% del PBI en 2018, 1,3% en el 2019, 0% en 2020 y un superávit del 0,5% en 2021. El año 2015 cerró con un déficit financiero o total del 3,9% del PBI. El nuevo gobierno eliminó ingresos como el de las retenciones a las exportaciones y la disminución de alícuotas del gravamen a la importación de bienes suntuarios y de algunos impuestos a la riqueza, mientras que subieron los intereses de la deuda pública. El resultado fue que en 2017 el déficit total subió al 6% del PBI.

 

Más grave que el anterior, por sus consecuencias, es el déficit externo, que es el que presenta la cuenta corriente de la Balanza de Pagos del País con el exterior. Incluye el movimiento comercial (exportaciones menos importaciones), los servicios como fletes y seguros, el turismo al exterior y el movimiento financiero (ganancias, rentas e intereses), donde toma especial importancia los pagos de interés por la deuda pública externa. Es más grave porque es un déficit que, tarde o temprano, se debe cubrir con dólares, que es un bien crítico y faltante para las economías dependientes como la nuestra.

 

En estos dos años y medio se recurrió al endeudamiento externo, lo que conforma una bola de nieve que se vuelve insostenible, como lo muestra la última corrida cambiaria originada en las dificultades para lograr más financiación externa.

 

Este déficit pasó del 2,9% del PBI en el 2015 a casi el doble: 5,3% para el 2017, con fuerte tendencia creciente para este año.

 

El aumento del déficit externo se debe a la total apertura económica del país, aconsejado por un liberalismo totalmente desactualizado y a contramano de la actual tendencia mundial, en la que los distintos países procuran defender su producción interna y aumentar las ventas al exterior, que nos inundó de productos importados que compiten con la industria local, además de una serie de medidas desacertadas, como quitar las limitaciones para la compra de moneda extranjera o el aumento de la deuda pública externa con el correspondiente incremento de los intereses.

 

La crisis provocada por esos dos déficits y las consecuencias de la política de ajuste del gasto impuesta por el FMI ha agravado al tercer déficit, el social, que es el más preocupante de todos, por lo que significa en sufrimiento humano.

 

El bienestar económico de los integrantes de una sociedad depende del crecimiento en la cantidad global de bienes disponibles por la misma y de la forma en que se distribuye ese ingreso generado.

 

La deuda no para de aumentar. El gobierno volvió a los mercados. Cuanto mayor sea el crecimiento y más equitativa la distribución mayor es el bienestar global; el primero es medido por el PBI y la segunda por el índice de Gini u otros indicadores similares.

 

El índice de Gini mide la inequidad en la distribución del producto, ya que para su máximo posible (uno solo recibe todo el ingreso y el resto nada) vale 1 y para el máximo de igualdad (todos reciben lo mismo) su valor es cero. En el año 2003, luego de la profunda crisis de la “convertibilidad”, el Índice de Gini había llegado a 0,53.

 

A partir de entonces y hasta el año 2009 hubo un crecimiento sostenido de la economía con una mejor distribución, por lo que el índice bajó hasta 0,44. A partir de entonces, y como consecuencia de la crisis financiera mundial, bajó la tasa de crecimiento del producto, lo que fue compensado con importantes medidas de carácter distributivo, entre las cuales las más importantes fueron la nacionalización de las AFJP con el aumento correlativo en la cantidad de beneficiarios y en el monto de las jubilaciones (octubre del 2008), la creación de la asignación universal por hijo (AUH) en 2009 y las sucesivas moratorias jubilatorias, que llevaron el beneficio a toda la población que le correspondía por razones etarias. Por ello el índice siguió bajando hasta 0,41 en el año 2015.

 

Achicar el déficit no es fácil. Para eso hacen falta más dólares. El nuevo gobierno implicó un cambio en los paradigmas políticos y distributivos. El índice cambió su tendencia y empezó a subir (0,43 en 2016).

 

Otra forma de medir la equidad distributiva es mediante la relación de los ingresos del 10% de la población más rico dividido el del 10% de la población más pobre.

 

En 2015 era de 15 veces; en 2015 había bajado a menos de la mitad (7 veces) y en 1916 ya era de ocho veces, en aumento.

 

Ahora el ajuste impuesto por el FMI viene a agravar la situación: como es sabido, la disminución del gasto público tiene como efecto directo la caída del producto bruto (efecto multiplicador negativo) y, como consecuencia, la baja de la recaudación fiscal incluso en un nivel superior a la reducción del gasto, agravando al déficit fiscal; la baja del producto implica cierre de empresas, principalmente pymes, desocupación laboral y pobreza y marginación crecientes, deteriorando al déficit social. Inclusive la experiencia reciente de Grecia, que viene sufriendo un ajuste similar al impuesto a Argentina, ha agregado un nuevo costo social que no se vivía desde la crisis de los años 30 del siglo pasado: el fuerte crecimiento de la tasa de suicidios, en especial en el sector de edad comprendido entre los 30 y 70 años; la desesperación por la situación económica y la sensación de falta de futuro lleva a esa decisión extrema. Aunque sólo fuere para evitar ese enorme costo social es urgente terminar con esta política de ajuste y destrucción económica