FUENTE: LA RAZÓN
El ministro de Justicia, Héctor Arce, invitó al expresidente Carlos Mesa a debatir en un espacio televisivo sobre el caso del arbitraje con la empresa Quiborax. La autoridad gubernamental ratificó la posición de atribuir responsabilidades a la gestión del exmandatario por deficiencias jurídicas que derivaron en un laudo arbitral que determinó pagar $us 42,6 millones a la firma chilena. La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra Mesa por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
En tanto, Mesa pidió procesar a cuatro funcionarios del Gobierno de Evo Morales. “Si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito. No hay ningún temor hablemos con el respeto y la consideración que siempre le hemos tenido y le hemos demostrado a Carlos Mesa”, afirmó Arce en declaraciones al programa Hablemos Claro del canal estatal Bolivia TV.
El ministro Arce afirmó que el origen del problema y la controversia es el “incumplimiento” en la gestión del expresidente a los procedimientos que estableció una ley y un decreto supremo para la “nulidad” de los derechos concesionarios mineros. Además mostró un informe, emitido por la Cancillería, que entre sus conclusiones reconoce que el decreto adolece de problemas jurídicos, sugiere un acuerdo amistoso que implicaría un costo político y conflictos con la región de Potosí.
Respecto, a la posibilidad de llegar a acuerdo de $us 3 millones, argumentó que se tuvo conversaciones con la firma chilena y cuando se estuvo a punto de firmar un documento se presentó una “ilegalidad gravísima de la empresa” por la falsedad en un acta constitutiva. “En esas condiciones era imposible que nosotros firmemos un acuerdo con la empresa”, complementó.
Según Arce con un “rosario de irregularidades” no había forma “de poder obtener un resultado favorable” en el proceso que se estableció en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por concesiones mineras en el salar de Uyuni que fueron revertidas a la empresa extranjera.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, invitó al expresidente Carlos Mesa a debatir en un espacio televisivo sobre el caso del arbitraje con la empresa Quiborax. La autoridad gubernamental ratificó la posición de atribuir responsabilidades a la gestión del exmandatario por deficiencias jurídicas que derivaron en un laudo arbitral que determinó pagar $us 42,6 millones a la firma chilena. La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público abrir una investigación contra Mesa por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
En tanto, Mesa pidió procesar a cuatro funcionarios del Gobierno de Evo Morales. “Si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito. No hay ningún temor hablemos con el respeto y la consideración que siempre le hemos tenido y le hemos demostrado a Carlos Mesa”, afirmó Arce en declaraciones al programa Hablemos Claro del canal estatal Bolivia TV.
El ministro Arce afirmó que el origen del problema y la controversia es el “incumplimiento” en la gestión del expresidente a los procedimientos que estableció una ley y un decreto supremo para la “nulidad” de los derechos concesionarios mineros. Además mostró un informe, emitido por la Cancillería, que entre sus conclusiones reconoce que el decreto adolece de problemas jurídicos, sugiere un acuerdo amistoso que implicaría un costo político y conflictos con la región de Potosí.
Respecto, a la posibilidad de llegar a acuerdo de $us 3 millones, argumentó que se tuvo conversaciones con la firma chilena y cuando se estuvo a punto de firmar un documento se presentó una “ilegalidad gravísima de la empresa” por la falsedad en un acta constitutiva. “En esas condiciones era imposible que nosotros firmemos un acuerdo con la empresa”, complementó.
Según Arce con un “rosario de irregularidades” no había forma “de poder obtener un resultado favorable” en el proceso que se estableció en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por concesiones mineras en el salar de Uyuni que fueron revertidas a la empresa extranjera.