Acron prevé instalar una planta en Brasil. El MAS solo ve especulaciones. La Asamblea ratificará los contratos
FUENTE. EL DEBER

El anuncio del presidente Evo Morales de venderle gas a la empresa rusa Acron, que instalará una planta de urea y amoniaco en Brasil, fue rechazado ayer en el país, porque Bolivia estaría ayudando a un proyecto que le hará competencia directa a la petroquímica que funciona recientemente en Bulo Bulo (Cochabamba).

“No se entiende que le vendamos gas a Acron para que produzca urea en el Brasil. No solo nos haría competencia sino que tendría mucho mayores ventajas competitivas, dada la gran diferencia en los costos de transporte por la ubicación de Bulo Bulo, a más de 800 kilómetros de la frontera con el Brasil”, señaló el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz.

Acta de entendimiento El viernes pasado, Morales anunció desde el exterior del país que la empresa privada Acron quiere que Bolivia le garantice desde el año 2021 dos millones de metros cúbicos por día de gas para implementar plantas de urea y amoniaco en territorio brasileño. Lo que le interesa al primer mandatario es que no se descarta que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)” sea socio del proyecto y confía en que la producción de Bulo Bulo se mantenga en el lado brasileño, con 350.000 toneladas al año.

Sin reservas probadas Por su parte, el analista económico Julio Alvarado declaró que los anuncios del presidente y del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) son solo demagógicos que “no tienen ni pies ni cabeza”. “Las reservas probadas de gas ascienden máximo a 4,5 TCF. Eso quiere decir que no tenemos más de 3 a 4 años de gas para consumo interno y exportación”, expresó.

Sostuvo que era contradictorio que Bolivia quiera vender su gas, sin tener los mercados asegurados para lo que producirá la planta de Bulo Bulo. Ayer no hubo ninguna explicación desde el Ministerio de Hidrocarburos ni de YPFB respecto al tema. El diputado del MAS David Ramos criticó las “especulaciones maliciosas” de la oposición y explicó que todos los contratos firmados deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. “Estas críticas no son coherentes y quieren generar sensacionalismo en el pueblo boliviano”, finalizó.