El Gobierno nacional reconoció este jueves que el sector de hidrocarburos atraviesa por serios problemas a raíz de los bajos precios del petróleo. Ante tal situación dijo que hay una necesidad de adaptación a un nuevo entorno y acelerar una nueva ley de hidrocarburos. El primer paso es efectuar una reingeniería total del sector y lograr una nueva agenda con los privados.
FUENTE: MONEY

En el capítulo Bolivia y sus desafíos energéticos, el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez reiteró que Bolivia se mueve en base al gas como energía y que los hidrocarburos se constituyen en la principal fuente de la matriz energética. Por ello, anunció que su cartera de Estado persigue la reingeniería de todo el sector, mediante la cual se busca una integración energética regional, una gestión efectiva, rescilencia, eficiencia y transparencia, optimización de recursos y procesos y una exploración ultraeficiente. El objetivo apunta a incorporar producción temprana e incremento sostenido de reservas, generando mayor valor agregado. El hombre fuerte del sector recalcó que esta reingeniería nace en el Ministerio de Hidrocarburos a partir de la necesidad de adaptación al nuevo entorno a través de mejora y optimización de procesos y un nuevo contexto normativo. El efecto que espera la estatal petrolera es una verdadera sinergia entre YPFB casa matriz y sus empresas YPFB Refinación, YPFB Andina, YPFB Transporte y YPFB Chaco.

También hizo un diagnóstico de la normativa de costos anterior del DS, 29504. Entre las medidas de optimización citó el D.S. 3278 que contempla una banda de precios y especifica los procedimientos y contextualiza a la dinámica de precios por la coyuntura del WTI, dicha medida se aplica a todas las empresas petroleras, incluyendo a YPFB. Asimismo, Sánchez garantizó el suministro de gas a mercados externos e interno y aseguró que el gas boliviano es más competitivo de otros proyectos de naciones vecinas, por lo que seguirá vendiendo el energético a Brasil y Argentina.

Refiriéndose a la relación con los empresarios privados, dijo que el nuevo proyecto de urea implica un esfuerzo empresarial-estatal significativo con impacto y que prevé duplicar la superficie sembrada de caña en 10 años; la inversión proyectada en agricultura superaría los 800 millones; la inversión en futuras ampliaciones de la industria sería de al menos 600 millones. En total el esfuerzo empresarial-estatal alcanza una inversión de entre $us 1.400 millones a $us 1.500 millones.