Página Siete / La Paz
El juez público 4° de Familia del Tribunal de Garantías, Wilfredo Núñez, determinó ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá realizar un nuevo estudio sobre la delimitación del campo Incahuasi.
"Se ha dispuesto que YPFB dentro de un término de 30 días elabore un nuevo estudio y de los resultados de este trabajo se proceda a determinar si efectivamente Chuquisaca no tiene derecho alguno a percibir regalías o por el contrario sí”, explicó el juez, según Correo del Sur.
El 9 de agosto de 2016, la firma canadiense GLJ Petroleum Consultants presentó su informe sobre la delimitación del megacampo gasífero Incahuasi-Aquío y YPFB ratificó que el yacimiento se encuentra en Santa Cruz. El vicepresidente Álvaro García Linera pidió entonces que se acate el estudio de forma definitiva.
El juez Núñez determinó que YPFB vulneró el derecho al debido proceso al proporcionar límites referenciales para el estudio que otorgó a Santa Cruz el 100% de la propiedad del campo Incahuasi, por lo que ordenó a la estatal petrolera realizar un nuevo estudio a base de documentación oficial y actualizada.
Sin embargo, no suspendió el pago de regalías al departamento cruceño, que era otro pedido de Chuquisaca.
Núñez explicó que tuvo que convertir el amparo constitucional presentado por ese departamento, que fue erróneamente interpuesto, en una acción popular, porque los derechos que se reclamaron a ser tutelados son derechos colectivos.
La acción popular protege este tipo de acción, mientras que el amparo constitucional solamente protege derechos fundamentales y garantías de las personas individuales.
Tras la lectura de la sentencia, el secretario de Gobierno de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que si bien el fallo no otorga todo lo que el departamento del sur demandaba, la decisión judicial deja un mal sabor.
El representante de Santa Cruz cree que en este caso, la justicia se parcializó con esa región al reconducir una acción judicial.
Además señaló que el fallo plantea inseguridad jurídica, ya que puede ser usado para reabrir el tema del campo compartido en el caso de Margarita-Huacaya, cuyo estudio se hizo con la misma ley que establece los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca y con el mismo procedimiento.
La Gobernación de Chuquisaca, a través de su secretario jurídico, Armin Cortez, destacó la fundamentación del fallo y remarcó que éste evidenció que YPFB y la consultora contratada GLJ Petroleum no cumplieron con el reglamento de campos compartidos.
No obstante, lamentó no haber conseguido la suspensión del pago de regalías, por lo que anunció que se realizará inmediatamente una acción popular en contra del informe emitido por la consultora contratada por YPFB.