Página Siete/ La Paz

 

El Estado boliviano aún enfrenta seis arbitrajes por procesos de nacionalización y reversión de empresas y áreas a favor del Estado, y la Procuraduría General del Estado hasta el año pasado logró la suspensión de una demanda y mantener otra  en suspenso.

 

 El primer caso es el arbitraje interpuesto  por British Petroleum  (BP) por la   nacionalización de Air Bp en mayo de 2009 mediante Decreto Supremo 111.

 

"A la fecha, el procedimiento arbitral por acuerdo de partes se encuentra temporalmente suspendido”, señala la Procuraduría en su memoria anual 2016.

 

La entidad defensora del Estado considera que en este caso el inversionista carece de base jurisdiccional y de fundamentos en su reclamación.

 

La otra demanda que se logró mantener en suspenso es la interpuesta por Quiborax y Non Metallic, a raíz de la revocatoria de sus concesiones mineras en el país mediante Decreto Supremo  27489 de julio de 2004.

 

La Procuraduría informó la semana pasada que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas   a   Inversiones   (CIADI)  mantiene en suspenso la ejecución del laudo arbitral iniciado por la empresa chilena Quiborax contra el Estado.

 

Ese  tribunal esperará   la conclusión del procedimiento de anulación, solicitado por el país el  21 de septiembre de 2015, conforme al Convenio CIADI y las reglas de arbitraje de ese centro.

 

Entre los cuestionamientos planteados  están la extralimitación de   facultades   por   parte   del   Tribunal   que   conoció   dicho   arbitraje,   el quebrantamiento  de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.

 

Otras demandas

 

Abertis Infraestructuras de España interpuso una demanda arbitral contra el Estado, luego de  una decisión de la ex Superintendencia de Transportes de frenar un alza de tarifas en los aeropuertos del país entregados en concesión y posteriormente su nacionalización.

 

La compañía reclama  una indemnización de 85,5 millones de dólares.

 

La empresa Glencore Finance (Bermuda), el 19 de julio de 2016 entregó la notificación de arbitraje de su subsidiaria Glencore International PLC por la reversión al Estado de los complejos metalúrgicos Vinto-Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero Colquiri. Se desconoce el valor de resarcimiento que pretende.

 

La quinta demanda es la iniciada por South American Silver Limited por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota mediante Decreto Supremo 1308 de 2012.

 

 La compañía exige 385,7 millones de dólares como compensación por esa acción estatal.

 

La sexta demanda  es la iniciada por Jindal Steel Bolivia por la ejecución de sus boletas de garantía en el Mutún. La compañía presentó por este caso dos demandas arbitrales.

 

Arbitraje reversión Mallku Khota

 

El 30 de abril de  2013, South American Silver Limited (SAS)  solicitó un arbitraje basado en un acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con Bolivia  (TBI Bolivia- Reino Unido) de 24 de mayo de 1988. Este tratado fue demandado por el Estado en  2013. La empresa exige una compensación de  385,7 millones de dólares por daños e intereses.

 

También pretendía $us 176,4 millones por restitución de daños, pero abandonó esa pretensión.

 

La demanda fue interpuesta por la reversión de 10 concesiones mineras en el norte de Potosí  a sus subsidiaria Mallku Khota vía Decreto 1308 de 2012.

 

Quiborax y Non Metallic- Estado

 

El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió su Laudo final, condenando

a Bolivia al pago de una indemnización a favor de las empresas  demandantes, por un monto de $us 48.619.578 dólares, más intereses.

 

El 21 de septiembre de 2015, la Procuraduría  en defensa de los intereses del Estado, presentó la solicitud de anulación del laudo Arbitral conforme a lo previsto en el artículo 52 del Convenio CIADI.

 

 Se argumenta la extralimitación de facultades del Tribunal, el quebrantamiento

grave de normas fundamentales de procedimiento. De esa manera está en suspensión la ejecución del laudo.

 

Jindal  contra el Estado boliviano

 

La   Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el 6 de agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses.  Posteriormente inició una nueva  demanda por la ejecución de una segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.

 

Según la Procuraduría en 2016 la Empresa Siderúrgica Mutún y Jindal mantuvieron acercamientos amistosos, motivo por el cual el procedimiento arbitral estuvo temporalmente suspendido, hasta su reanudación el 10 de noviembre de 2016.

 

Arbitraje  por el caso Air BP

 

El 1 de mayo el Estado determinó la  nacionalización de la distribuidora de combustibles para aviones Air BP, subsidiaria de la empresa británica British Petroleum (BP).

 

Ante esa decisión, la compañía   presentó la notificación de arbitraje el 17 de agosto de 2010, de conformidad con los términos del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercanti Internacional (CNUDMI).

 

Air BP era la única encargada   del abastecimiento de combustible para 12 aeropuertos en Bolivia. La Procuraduría informó en su Memoria 2016 que el proceso arbitral se encuentra suspendido.

 

 

Abertis España-Estado  

 

Abertis Infraestructuras de España  presentó su notificación de arbitraje el 5 de mayo de 2011  ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), conforme al Reglamento de

Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

 

Exige una indemnización de $us  85.573.349 por la nacionalización de SABSA. Según la Procuraduría, se espera que el laudo definitivo sea emitido por el Tribunal Arbitral en un plazo de entre 12 a 18 meses, a contarse desde la fecha de presentación del Escrito Post-Audiencia. Esto debe efectuarse en los primeros meses de este año.

 

 

Glencore  contra el Estado boliviano

 

Glencore inició un arbitraje contra el Estado al amparo de un Tratado de Protección de Inversiones suscrito por el país con el  Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto por la nacionalización de las fundiciones de  Vinto- Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero de Colquiri. El caso hasta 2016  se encontraba  en etapa de conformación del Tribunal Arbitral. El Estado boliviano hizo notar las circunstancias dudosas, bajo la que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las dos fundiciones, fueron enajenadas y transferidas a empresas que eran de Gonzalo Sánchez de Lozada.